El feministómetro. Apuntes sobre el CESMECA, el poder académico y los colonialismos que no terminan

El 17 de septiembre, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) informó que cuatro profesoras-investigadoras del Posgrado en Estudios e Intervención Feministas dejaron de pertenecer a su comunidad académica desde el 11 de septiembre. La decisión, dice el comunicado firmado por su director Emmanuel Nájera de León, se sustenta en hechos constatados por la Defensoría de los Derechos Universitarios, que acreditó «conductas de acoso laboral (mobbing), racismo, exclusión e invisibilización, ejercidas de manera coordinada».

Hasta hace unas semanas, muy pocas personas fuera del mundo universitario sabían que el CESMECA existe. Hoy su nombre circula asociado a un escándalo.

Conviene empezar por ahí, porque el primer efecto de todo escándalo es una operación de metonimia: la parte por el todo. El CESMECA no es ese posgrado. Es un centro de investigación de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) con varias líneas de trabajo, y una de ellas —la de Ciencias Sociales y Humanísticas— es donde yo me estoy formando. Lo digo para que se sepa desde dónde escribo: no soy observadora neutral, soy estudiante de la casa. Y precisamente por eso puedo señalar algo que no se ve desde los titulares: en el espacio donde yo estudio, las prácticas que hoy se denuncian, no son las que rigen la totalidad de la vida académica. Es primordial señalarlo.

Eso no invalida ninguna denuncia. Significa que un conflicto en un programa no autoriza a clausurar simbólicamente a una institución completa.

Cinco posiciones, ninguna sin costuras

Las profesoras separadas del cargo denunciaron el 29 de julio explotación laboral, violencia institucional, hostigamiento y persecución por la libertad de pensamiento, además de un intento de desaparecer el posgrado. Señalaron pérdida de becas, falta de agua potable, internet inservible. Advirtieron que el daño alcanza a cuatro doctorandas, catorce estudiantes de maestría y dos posdoctorantes.

Lo laboral y lo material de su denuncia es serio y sigue siéndolo. Su contradicción es de otro orden: exigen mecanismos transparentes de resolución de conflictos, y son señaladas —por un pronunciamiento colectivo y por una resolución institucional— de haber ejercido poder durante una década sin esos mecanismos. Quien reclama debido proceso para sí tiene que poder acreditar que lo concedió a quienes dependían de su firma.

Un grupo de exestudiantes y exprofesoras publicaron un pronunciamiento que es, hasta ahora, el documento más detallado del conflicto. Sostienen que el posgrado —fundado por Mercedes Olivera Bustamante— fue cooptado y convertido en «un espacio de exclusión, discriminación racial, acoso laboral y terrorismo académico». Afirman que las violencias datan de 2016, que presentaron denuncias por canales institucionales que no fueron atendidas, y que existe un acta administrativa congelada en la abogacía desde 2018.

Su contradicción: denuncian campañas de difamación anónimas en redes, pero llevan su propio caso a un pronunciamiento público donde señalan a seis académicas con nombre y apellido. Es defendible desde la perspectiva de la no revictimización, pero el terreno elegido es el mismo que cuestionan, lo hacen escudadas en el anonimato. Y hay una segunda: invocan la normatividad del Sistema Nacional de Posgrados como vara para acreditar irregularidades, cuando buena parte de su propio argumento denuncia el uso instrumental de los indicadores académicos.

La coordinadora del programa, que se asume mujer de pueblo originario, sostiene que el detonante no fue su desempeño sino su negativa a someterse a lo que describe como un feminismo hegemónico, blanco y fiscalizador. Relata que se le dijo que por no tener doctorado no debía coordinar el posgrado. Su expediente ante la Defensoría suma más de mil doscientas hojas.

Su contradicción: denuncia con toda razón que el título se usó como arma de exclusión, y a la vez administra un cargo con poder sobre estudiantes y trabajadoras cuyo ejercicio tampoco ha sido sometido a escrutinio público. Nombrar el “racismo epistémico” que se padece no exime de rendir cuentas por el poder que se administra.

La egresada que celebra el cese. Una escritora originaria de San Juan Chamula, calificó la separación como un acto de justicia y denunció que su directora de tesis le prohibió presentar sus libros y dar conferencias, y que se le pidió firmar constancias de tutorías nunca recibidas. Su señalamiento sobre las barreras que enfrentan las mujeres indígenas en los espacios académicos es correcto en lo sustantivo.

Su contradicción está en sus propias palabras: llama justicia a una resolución cuyo proceso, según ella misma reconoce, nadie ha explicado. Se enteró por el comunicado. No se puede reclamar debido proceso para una y celebrarlo ausente cuando el resultado favorece. Una segunda contradicción: la misma ex estudiante ha sido denunciada de abuso de poder y del cargo que ahora ejerce, según la denuncia, escudada en la supuesta relación con una persona masculina de jerarquía superior.

La institución actuó y explicó menos de lo que debía. Su comunicado invoca una acreditación de hechos, pero no publica la resolución, no describe el procedimiento, no informa si hubo defensa, y despacha en una línea el destino de veinte estudiantes con una promesa de sostener la oferta educativa. La universidad que alberga un posgrado feminista resolvió un conflicto sobre violencia con el instrumento más vertical de su repertorio: el acto administrativo comunicado por boletín.

Siete contradicciones que este caso deja a la vista

Lo que sigue excede al CESMECA.

1. El feministómetro. La palabra no es mía: está en el pronunciamiento de las exestudiantes, que denuncian «un feministómetro inventado por ellas —las maestras cesadas— para clasificar a estudiantes y profesoras verdaderamente feministas». Nombra con precisión el mecanismo: para cierto feminismo nunca se es suficientemente feminista, siempre hay una posición más radical desde la cual descalificar. El problema no es el rigor. Es que la escala de pureza funciona como dispositivo jerárquico, y quien la administra acumula poder. Algunas —no todas— convierten el grado académico en credencial de radicalidad, y la radicalidad en licencia para atacar, a hombres y a mujeres consideradas tibias. Esto ha sido práctica recuerrente de varias feministas egresadas.
2. El separatismo y purismo sin sus condiciones materiales. Hay vertientes que plantean prácticas separatistas y “puristas” sin preguntarse qué las hace posibles. Una académica con plaza, beca del Sistema Nacional de Investigadoras y red internacional, pugna e insiste en estas prácticas, versus una mujer que no tiene “altos grados académicos”, que trabaja de manera voluntaria e intencional con hombres, que vive en una comunidad donde la vida es comunitaria. Enunciado como norma moral y no como estrategia situada, el separatismo y “purismo feminista” es un privilegio disfrazado de principio.
3. La mujer indígena como objeto simbólico. Sigue siendo tema de tesis, capítulo de libro, ponencia en congreso; es estudiada, citada, “acompañada”, “abrazada”. Rara vez es consideradad par. La mirada condescendiente y “protectora” produce un efecto colonial preciso: iguala hacia arriba, pero tiene prácticas contrarias hacia abajo, reserva para si el lugar de la interpretación. El colonialismo académico no necesita desprecio; le basta la “protección”.
4. El abrazo con condiciones. Se abraza la lucha de las mujeres menos favorecidas siempre que ocurra allá. Cuando llega a mi centro, a mi cubículo, a la coordinación del programa que dirijo, deja de ser lucha y se vuelve un problema de estándares. «No tiene doctorado.» La frase, si se dijo como se denuncia, condensa el mecanismo: la solidaridad se ejerce hacia afuera y hacia abajo, nunca entre pares, porque reconocer la paridad costaría poder.
5. La vara que se desprecia y se usa. Publicaciones indexadas, citas, indicadores. Ese es el estándar, y el pronunciamiento describe cómo se administra: presencia en prácticamente todos los comités tutoriales, obligación de citarlas, lectura forzosa de sus propios textos. Prácticas que, según las firmantes, «les reditúa en indicadores que elevan su posición en los estándares académicos que en su retórica dicen despreciar por patriarcales y neoliberales». Ahí está la contradicción completa: no se trata de si el rigor vale, sino de despreciar públicamente una métrica mientras se la alimenta en privado. Y queda la pregunta de fondo: si esa métrica vale más que los saberes de las mujeres “no ilustradas”, y quién decidió que sí.
6. La lengua que excluye a quien se invoca.

“Racismo epistémico”, “feminismo hegemónico blanco”, “terrorismo académico”, “okupar la academia”, “prácticas inquisitoriales”, “colonialismos emergentes”. Es un vocabulario preciso, construido durante décadas de trabajo teórico serio, y que nombra cosas reales. También es un vocabulario que un lector común no entiende.

Ahí está la torsión. Todas las partes en esta disputa llevaron el debate a los medios de comunicación y a las redes sociales; es decir, apelaron a un público amplio —pidieron su solidaridad, su indignación, su juicio— pero lo hicieron en un registro que ese público no comparte. El resultado es que la gente asiste al conflicto como espectadora de una disputa cuyo contenido no puede evaluar. Se le convoca como jurado y se le niega el expediente. Ello sin considerar la “jerarquia menor” en la que colocan a los medios que ahora invocan, y a las mujeres en general en cuyo nombre se discute.

El caso más elocuente está en el comunicado institucional. Para sancionar conductas de racismo y exclusión —conductas que, según el propio documento, dañaron a integrantes de una comunidad universitaria en Chiapas— la universidad escribió: acoso laboral (mobbing). Se tradujo a sí misma y aun así conservó la palabra en inglés, como si «acoso laboral» no bastara para dar peso institucional al acto. Como si el daño necesitara una credencial extranjera para existir.

Estamos en un estado donde se hablan tseltal, tsotsil, ch’ol, zoque, tojolabal. Ninguno de los documentos de este conflicto —donde se cuestionan prácticas “racistas”, “colonialistas” y “discriminadoras”, y donde algunas de las partes son de los pueblos originarios—, está escrito en alguna de esas lenguas. Todos están en español, y el español de todos ellos está salpicado de términos que vienen del norte: de la literatura gerencial anglosajona en el caso del comunicado oficial, de la academia metropolitana en el caso de los pronunciamientos. El prestigio de una palabra se mide por su distancia respecto del habla común. Ese es, exactamente, un mecanismo colonial: la validación llega de afuera, y lo propio necesita traducirse para valer.

No se trata de renunciar a los conceptos. La teoría hace falta y nombrar bien es parte del trabajo. Se trata de advertir que el lenguaje accesible no es una concesión estilística sino una condición de la rendición de cuentas. Si las personas a las que se apela no pueden leer la resolución que nombra el daño que sufrieron, no hay un debate sincero y público. Hay un procedimiento administrativo escrito para pares, entre pares y ante pares, que es otra forma de decir: entre quienes ya estaban adentro. Hay también lo que de manera evidente ya se logró: el descrédito público.

7. La denuncia no es un salvoconducto. Denunciar es legítimo y muchas veces valiente. No vuelve invulnerable a quien denuncia ni la exime de escrutinio. Aquí hay mujeres denunciando a mujeres, todas con algún grado de poder: académico, institucional, simbólico, mediático. Leerlo como víctimas contra victimarias impide ver lo que ocurre: una disputa por el control de un espacio. Es en realidad una lucha de poder librada con las armas disponibles para cada quien.

Lo que no se puede decir en nombre de nadie

Un apunte necesario. En los márgenes de este conflicto circulan textos anónimos que acusan a personas identificadas y que rematan con una fórmula reconocible: que la condición indígena no debe convertirse en escudo. Esa frase es el racismo mismo, enunciado en modo defensivo. Presupone que el señalamiento del racismo es un privilegio y no una denuncia, y pone sobre las mujeres indígenas una carga de prueba que no se exige a nadie más.

Quien tenga documentación sobre la conducta de cualquier funcionaria pública, que la presente ante la instancia competente y la firme. Lo demás es la misma campaña de difamación anónima que todas las partes de este caso dicen padecer.

Lo que se pierde mientras se discute

Al menos veinte personas quedaron en el aire: cuatro doctorandas, catorce maestrantes, dos posdoctorantes, exalumnas, ex profesores, una coordinadora. Sus trayectorias no aparecen en ninguna de las narrativas salvo como argumento. Ese es el costo real y nadie lo ha asumido.

Se pierde también un programa que fue una apuesta histórica, fundado hace más de quince años e inaugurado en agosto de 2015. Y se pierde, por arrastre, la reputación de un centro, el CESMECA, que hace mucho más que ese posgrado: investigación sobre la frontera sur, sobre procesos políticos, sobre historia y cultura en Chiapas y Centroamérica. Nada de eso está en cuestión, y todo eso queda salpicado cuando el nombre del centro se vuelve sinónimo de escándalo.

Las preguntas que quedan

¿Puede un posgrado en estudios feministas sostener relaciones laborales y de tutoría que no reproduzcan lo que estudia? ¿Con qué mecanismos, distintos de la buena voluntad?

¿Para qué sirve una Defensoría cuyas resoluciones nadie conoce? ¿Por qué un acta administrativa duerme ocho años en la abogacía? ¿Por qué un expediente de mil doscientas hojas no produce un procedimiento verificable?

¿Qué obligación tiene una universidad pública con las estudiantes cuando cesa a quienes dirigían sus tesis? ¿Existe protocolo? ¿Alguien lo activó?

¿Cómo se incorpora el saber de mujeres indígenas sin convertirlo en objeto y sin exigirle, para ser reconocido, que se traduzca al formato que el sistema de estímulos premia?

¿Y qué significa refundar un posgrado si la refundación se decide con los mismos instrumentos verticales que se cuestionan?

Los colonialismos se reproducen en gestos pequeños: quién firma, quién autoriza una presentación de libro, quién decide que un título vale más que una trayectoria, quién habla en nombre de quién. Los reproducen personas indígenas y no indígenas, feministas y no feministas. Ese es el punto incómodo de este caso, y por eso conviene no resolverlo demasiado rápido, ni dejarlo solo en el escándalo.