Familias buscadoras de Chiapas articulan estrategias ante ocho años de aumento sostenido de desapariciones

«No queremos administrar la desaparición. Queremos encontrarles.»: Foto: Ángeles Mariscal

Se reunieron con organizaciones de la sociedad civil y colectivos de búsqueda de siete estados del país, Centroamérica y Estados Unidos, para para acordar estrategias propias de búsqueda,  cuidado e incidencia.

Estos 24 y 25 de septiembre se reunieron, como lo hacen desde 2018, organizaciones que desde entonces buscan a sus familiares desaparecidos, pero esta vez se unieron otras que se han formado en años recientes. Juntas analizaron cuáles son las mejores estrategias de búsqueda, cuáles desgastan a los colectivos y qué condiciones necesitan las familias para exigir al Estado cumpla con su obligación, y seguir buscando sin poner en riesgo su vida.

Esta no es la primera vez que tienen que organizarse para analizar y acordar qué estrategias de búsqueda funcionan frente a lo que consideran es negligencia, omisión o complicidad de instituciones gubernamentales, que por un lado no detienen la violencia, y por otro no realizan acciones efectivas para localizar a sus desaparecidos.

Esta reunión ocurre mientras las cifras de Chiapas suben. Chiapas pasó de mil 526 casos de personas desaparecidas en 2025 a más de 2 mil casos activos a mediados de 2026 señalan cifras oficiales. Al 29 de agosto de este año, había mil 982 personas desaparecidas y no localizadas en el estado, dentro de un total nacional de 132 mil 834. Estas cifras, dijeron las personas reunidas, no reflejan las cifras reales, que a su ver son mucho más grandes.

En la reunión estuvieron acompañados por colectivos de personas buscadoras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Quintana Roo, se reunieron en San Cristóbal de Las Casas en lo que llamaron  VI Jornadas Regionales «Por el derecho a la verdad, justicia y reparación». Vinieron también colectivos de Centroamérica y de Estados Unidos.

Tras dos días de trabajo realizaron un pronunciamiento público donde fijaron sus posturas. «Nadie nace para buscar a quien ama», señala el texto. «Ser familia buscadora no fue una elección ni un proyecto de vida. Fue una realidad impuesta por la desaparición de nuestros seres queridos y profundizada, demasiadas veces, por la falta de respuestas efectivas de las instituciones.»

En el mismo cuestionan las acciones institucionales basadas más en la imposición de narrativas en medios de comunicación, más que en búsquedas efectivas: “Una arenga no es justicia. Una fotografía no es búsqueda. Una promesa no sustituye una investigación.»

El documento rechaza el mecanismo que ha realizado por instituciones gubernamentales, entre ellas la Fiscalía General de Chiapas, basado en reuniones y promesas, sin que estas se traduzcan en búsquedas efectivas. «No queremos reuniones que terminen en fotografías. No queremos mesas sin seguimiento. No queremos discursos que nombren nuestra lucha mientras los expedientes siguen detenidos.»

También rechaza la sospecha con la que suele recibirse a sus familiares. «No tenemos que demostrar que nuestras personas desaparecidas eran buenas para que el Estado las busque.»

Sobre la solidaridad que las sostiene, el pronunciamiento incluye una advertencia poco común: agradecen el acompañamiento de organizaciones solidarias «pero no romantizamos esa solidaridad: si necesitamos redes de apoyo es porque el Estado no ha cumplido su obligación de buscar, investigar, proteger y garantizar justicia».

Los colectivos de México, Centroamérica y Estados Unidos, manifestaron su acuerpamiento a los colectivos de Chiapas. “Frente a discursos oficiales que hablan de paz y tranquilidad, nombramos a Chiapas como territorio de frontera sur que concentra desaparición, desplazamiento forzado interno, movilidad humana y una crisis forense que impide identificar y restituir dignamente a muchas personas.»

El señalamiento llega dos semanas después de que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentara ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el 11 de septiembre, un balance en el que ubicó a Chiapas entre las entidades con menor incidencia delictiva del país.

El 30 de agosto, durante las movilizaciones del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en Arriaga, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Yajalón, las buscadoras acusaron que las diferencias entre colectivas son alentadas desde las instituciones. «Son provocadas por el mismo Estado», dijo entonces una integrante. «Al Estado no le conviene que todas las familias que tenemos víctimas desaparecidas nos vean unidos.»

En ese mismo pronunciamiento de agosto, las familias habían dedicado un apartado completo al asunto, titulado «No dividan a las familias que buscan», y habían definido lo que exigen con una frase que funciona como método: «Buscar no es solamente pegar una ficha en un poste. Buscar es investigar, buscar en campo y agotar todas las posibilidades hasta encontrar a la persona.»

Las Jornadas de septiembre trabajaron precisamente sobre eso: cómo sostener la articulación cuando la división es, según las propias familias, una estrategia gubernamental. El documento final lo formula así: «Sabemos que nuestra unidad importa, porque cuando una persona no puede, otra sostiene; cuando una puerta se cierra, nuestra red busca otra.»

El cuidado como estrategia

Una parte central del encuentro se dedicó a algo que no suele aparecer en las agendas de búsqueda: el desgaste de quienes buscan. «También hemos aprendido que cuidarnos es parte de nuestra lucha», señala el pronunciamiento. «El desgaste no puede convertirse en otra forma de violencia contra quienes buscan. Tenemos derecho al descanso, a cuidar nuestros cuerpos, nuestra salud, nuestras familias y nuestra vida.»

El documento reconoce además que no todas las familias pueden participar igual, y que eso no mide su compromiso: «No todas buscamos de la misma manera, pero todas las formas de sostener la búsqueda importan: salir a campo, documentar, acompañar, cocinar, cuidar, orar, sostener una llamada, una ficha, una red o una palabra de aliento.»

Sobre los riesgos, la exigencia es directa: «También exigimos que buscar no nos cueste la vida. Las familias no tendrían que entrar solas a territorios inseguros ni exponerse para realizar una tarea que corresponde principalmente a las instituciones.»

El pronunciamiento termina con la constatación que atraviesa los ocho años de estos encuentros: «Hoy estamos aquí porque no tuvimos otra opción. En un país donde nadie desapareciera, este espacio no tendría que existir.»

Y con la exigencia: «No queremos administrar la desaparición. Queremos encontrarles.»