Reynaldo Pérez denunció amenazas ante la Fiscalía de Chiapas antes de su asesinato; su compañero, también protegido por el Mecanismo, sigue amenazado

José Vásquez Gutiérrez, defensor tsotsil en Chenalhó y Pantelhó, dice que una semana antes de Reynaldo, les avisaron que los matarían a los dos.

Botones de pánico y teléfonos, no han servido para salvar vidas de defensores en Chiapas. Foto: Ángeles Mariscal

Reynaldo Pérez Pérez acudió en varias ocasiones —al menos dos— a la Fiscalía a denunciar las amenazas que recibía, antes de ser asesinado el 28 de octubre en Yabteclum, Chenalhó. Así lo afirmó José Vásquez Gutiérrez, defensor de derechos humanos que lo acompañaba en la defensa de familias desplazadas en Chenalhó y Pantelhó, en los Altos de Chiapas.

Vásquez dijo además que, una semana antes del crimen, les llegó a los dos un aviso: había espías vigilándolos y los iban a matar.

«Yo se lo comenté a Reynaldo. Ten mucho cuidado al salir, le dije. Pero  sucedió», relató en entrevista a las afueras de la Fiscalía de Justicia Indígena, donde rindió su declaración el jueves 29 de octubre.

Los dos defensores tenían la misma protección del gobierno federal: un teléfono satelital y un botón de pánico. Los dos denunciaron, pero eso no evitó el asesinatos del defensor indígena.

Dos expedientes abiertos por amenazas

Vásquez tiene dos denuncias por amenazas sin resolver ante la Fiscalía. Dijo que las reactivó en su declaración. Contó que cada vez que recibían una amenaza acudían a denunciarla.

«Reynaldo había denunciado públicamente y ante la Fiscalía (de Chiapas) que hay amenaza, que hay riesgo, que hay grupos delictivos, grupo armado», recordó. Y las amenazas no se detuvieron: «Hay muchos rumores», repitió al preguntarle si se siente amenazado.

Atribuyó el acoso a su trabajo con las familias desplazadas. «Nosotros siempre apoyamos a los desplazados, y eso es lo que no quieren. Como nos ven humildes… pero tenemos un compromiso serio con la defensa de los derechos humanos».

A la Fiscalía de Justicia Indígena, a la Fiscalía General del Estado y al gobernador les pidió «hacer el trabajo a favor de la justicia, para que no se genere más violencia, porque la violencia no sirve para nada».

A quienes mataron a su compañero les habló directamente: «Todo el mundo sabe que hay grupo armado. Pobres de ellos, porque no van en buen camino. Los invito a que piensen, a que reaccionen».

Durante el sepelio de Reynaldo, algunas personas que acudieron aseguraron que se ofrecen cuatro millones de pesos por la vida de Vásquez.

La ONU ya había advertido sobre los dos

El riesgo de ambos estaba documentado. El 17 de febrero de 2025, cuatro relatores de la ONU enviaron al gobierno de México una comunicación sobre Reynaldo Pérez y José Vásquez Gutiérrez. En ella expresaron preocupación por las amenazas de muerte, un intento de desaparición y ataques armados que los dos denunciaban desde octubre de 2022.

Los relatores advirtieron que las denuncias no se investigaban con diligencia y que las medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas eran insuficientes.

El gobierno respondió que ambos estaban incorporados al Mecanismo desde el 13 de junio de 2023. Además del teléfono y el botón, a Reynaldo le instalaron una cerca con alambre de concertina alrededor de su casa. Dentro de esa cerca fue sepultado.

«Si nos ven hablando, nos matan»

Vásquez describió así la zona: «Está muy feo. Los padres de familia salen a trabajar y no hay seguridad. Hay miedo: hombres, mujeres, niños y ancianos».

El mismo miedo lo expresó la familia de Reynaldo durante el sepelio. Una prima del defensor aceptó hablar, pero pidió no dar su nombre ni mostrar su rostro.

«Si nos ven los delincuentes, quien habla o quien hace un favor, nos matan», dijo. «Los enemigos andan por el pueblo, pero no se muestran. No sabemos si por ahí nos están vigilando, donde estamos caminando».

Tres defensores asesinados desde 2021

Reynaldo es el tercer defensor indígena ligado a la crisis armada de Pantelhó asesinado desde 2021. Antes fueron el catequista Simón Pedro Pérez López, en Simojovel, en julio de 2021, y el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de Las Casas, en octubre de 2024, quien tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el Fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, asesinado a balazos la noche del 11 de agosto de 2021. En los cuatro casos, los atacantes llegaron en motocicleta.

En Chenalhó, desde 2022, un conflicto armado en Santa Martha expulsó a decenas de familias hacia Polhó. Ahí, en junio de 2023, un grupo armado mató a siete desplazados, entre ellos un niño de tres años. Reynaldo y Vásquez acompañaban a esas familias.

De manera extraoficial se informó que, tras el asesinato, fueron detenidos el dueño del taller donde mataron a Reynaldo y el dueño de una motocicleta encontrada abandonada a unos metros. La Fiscalía General del Estado no ha confirmado públicamente esas detenciones.

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