Centralización del sector salud: algunas implicaciones para Chiapas

Por Baltazar Mayo Mendoza[1]

La reforma hacendaria que  envió el presidente de la republica al congreso de la unión, en caso de ser aprobada  el Estado de Chiapas  podría dejar de percibir alrededor de 2,516  millones de pesos de la partida del  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del ramo33. El gobierno central busca de nueva cuenta centralizar la prestación de los servicios en salud, como un mecanismo de control de  las prácticas de corrupción y desvió de recursos  que han incurrido  algunos mandatarios estatales. Con esta reforma el gobierno central  propone entregar a los gobiernos estatales medicinas e insumos hospitalarios en vez de dinero, y  pagar a los proveedores  del sector  salud  a través de la tesorería de la federación.

El proceso de descentralización o la delegación a los gobiernos locales  la provisión de servicios de salud, empezó  a partir de los años ochenta, concretándose  en 1998 con la creación  del Fondo  de Aportaciones  para los Servicios  de Salud (FASSA), quedando normada  en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). El objetivo central era  disminuir  las diferencias en acceso  a la salud entre la población abierta, esto es, la población que no se encontraba  incorporada  en ningún régimen de seguridad social. Adicional a ello se buscaba la  mejora  en la calidad  de la atención médica y la seguridad  en salud, así como el abasto  y entrega oportuna y adecuada de medicamentos.

La descentralización de la provisión de salud, buscaba en parte eficientar los recursos públicos en este rubro,  con el argumento de que los gobierno estatales y locales conocen  mejor  que el gobierno central (federal) las necesidades y preferencias de los ciudadanos debido a que  están más cerca,   lo que genera ganancias  en eficiencia y por ende un mayor nivel de bienestar. Dicho de otra forma, “los gobiernos estatales o locales, por estar más cerca  de los ciudadanos,   el  gobierno local en turno puede identificar con mayor facilidad las necesidades de la ciudadanía y gastar los recursos públicos ad hoc a la cuantía de estas necesidades. Así los recursos públicos  se gastan de manera eficiente porque se gasta para lo que realmente se necesita y por ende,  la población satisface  en su mayoría  sus necesidades de salud”.

Con las prácticas corruptas de algunos mandatarios estatales en el desvió de  este recurso, ha generado graves carencias en infraestructura médica,  escasez de medicamentos y la insolvencia económica en la  que han caído algunas entidades para pagar a los proveedores, para intentar remediar el problema, el gobierno federal busca  centralizar la provisión del servicio de salud  eliminando completamente el Fondo  de Aportaciones  para los Servicios  de Salud (FASSA) del ramo 33, lo que implica que el gobierno central dejará de enviar estos recursos  a los Estados.

Con este posible cambio  en la LCF,  podemos hacer una primera inferencia del impacto que tendría en el presupuesto anual de  la entidad.

Los dos instrumentos de transferencia de recursos  que tiene el gobierno central hacia los gobiernos estatales: aportaciones federales y  participaciones federales, ambos recursos representan cerca del 90% del total de ingreso estatal.  Por ejemplo para el 2012,  de los 70,463 millones de pesos que percibió el estado de Chiapas,  63,758 millones eran recursos provenientes del gobierno central, y sólo 3,758 millones de pesos por recaudación propia, que es lo que se recauda por impuestos locales, derechos y aprovechamientos. Así que cualquier alteración que tengan estos dos instrumentos de transferencia, el Estado de Chiapas entra en una situación  de vulnerabilidad de recursos.

En los últimos seis años el estado de Chiapas ha recibido del   FASSA en promedio  2,516 millones de  pesos,  que de aprobarse la reforma,  en esa cuantía  sería el monto que el estado  puede dejar de percibir,  lo cual puede significar una reducción  del 3% del total de ingreso  y un 6% del total de aportaciones.

Por último, vale la pena mencionar que un posible riesgo  de la centralización de la provisión de salud, puede acarrear más ineficiencias en el  gasto público en salud, pues el gobierno tiene más limitaciones para identificar con facilidad las necesidades y preferencias de los habitantes de cada Estado.  Esto significaría para la población servicios en salud más precarios.

El diagnóstico que presenta el gobierno federal sobre el fracaso  del federalismo es correcto, pero me parece que la solución no es regresar  a la centralización. Sin embargo se puede optar por buscar  la transformación  del  sistema federal  actual a través  de la penalización  de las prácticas de corrupción,  exigir a los gobiernos estatales a la rendición de cuentas y transitar hacia  un federalismo fiscal completo, porque actualmente solo se ha descentralizado la parte del gasto y no los ingresos, lo cual ha favorecido a los gobiernos estatales y locales,  porque han recibido más recurso de la federación sin incurrir al coste  político de recabarlos o sencillamente no comprobar su destino.