Desplazamiento forzado en Chiapas, bajo la complicidad gubernamental

Las personas afectadas por los desplazamientos forzados en Chiapas son en su mayoría indígenas y campesinos. Foto: Ángeles Mariscal/ChiapasPARALELO

Despojados de sus tierras, de sus bienes, de su seguridad, a veces hasta de su autoestima. Así viven más de 25,000 personas en Chiapas.

El desplazamiento forzado en esta entidad ha sido utilizado como un mecanismo de control para mantener “la estabilidad” en regiones o con grupos donde existe la disidencia.

Este es el caso de los desplazados del ejido Puebla del municipio de Chenalhó (quienes este viernes intentarán regresar a sus campos para cosechar su café); los desplazados de Venustiano Carranza (arrancados de sus hogares por el gobierno de Chiapas, y luego reasentados y abandonados en pequeños solares, ante la advertencia de que esta en riesgo su vida); o los de Tzajalá, Teopisca, expulsados por grupos del PRI, los de Banavil en Tenejapa.

Estos son solo algunos de los desplazamientos forzados que se llevaron a cabo en 2013, por motivos políticos,  en una larga lista que se extiende a lo largo de los últimos 50 años, y se potencializó luego del conflicto de 1994.

La respuesta del gobierno ha sido -además de tolerar estas acciones sin llevar a cabo un acto de justicia contra las y los responsables- la indiferencia e incluso la amenaza ante cualquier crítica, demanda, solicitud y acompañamiento.

Va un ejemplo. Los desplazados del ejido Puebla solicitaron el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales  para poder entrar a cosechar su café, y disminuir con ello el riesgo de ser agredidos.

La respuesta del Estado, a través del secretario de Gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, fue que esta decisión «enrarece el ambiente”.  Calificó a los desplazados y organizaciones que los acompañarán, de tener una «actitud radical» que altera lo que para él es la “paz social”.

A los desplazados de Venustiano Carranza, en reuniones que ha tenido el gobierno de Chiapas con ellos, les ha pedido “discreción y paciencia”. Considera que cualquier manifestación pública para denunciar su situación, es un acto de “desestabilización” que afecta la “gobernabilidad”, y compromete cualquier acción a su favor.

El silencio, la impunidad, la amenaza, se constituye así en la política de gobierno; disfrazada en la promulgación de leyes de atención y prevención del desplazamiento, que sólo quedan en la demagogia y la simulación.

En contraparte, la crisis de sobrevivencia de los grupos afectados por el desplazamiento forzado los  ha llevado a elevar su conciencia sobre los desequilibrios sociales que los han llevado a esta situación, y ha incrementado su resistencia ante el sometimiento.

Leer también:

• En situación de desplazamiento forzado, una de cada ocho personas en Chiapas
• Nuevo gobierno, nuevos desplazados y políticas públicas ausentes
• “Ahora si, ya no pudimos regresar”: desplazados
• 25 mil desplazados tras alzamiento del EZLN

Mapa de desplazados en Chiapas, según PNUD.