Invasiones, Estado de derecho cuestionado
Aspecto del desalojo en Berriozabal. Foto: Frayba
El riesgo de hacer declaraciones contundentes, “categóricas”, es que a la vuelta de la esquina, apenas se apague el estruendo de la afirmación, esas palabras queden echas pedazos al estrellarse con la realidad. Sobre todo si de Estado de derecho se trata, un asunto resbaloso en un contexto de democracia incipiente donde los contrapesos entre poderes son frágiles, la relación gobierno-sociedad presenta vicios y la aplicación honesta de la justicia sigue siendo una aspiración.
En este sentido, asegurar que en Chiapas “no se tolerarán las invasiones”, resulta arriesgado y hasta temerario. Si se dijo tal cosa para justificar el operativo de desalojo de dos predios en Berriozábal y capitalizar políticamente el impacto momentáneo de esa acción, puede entenderse; pero lo cierto es que la afirmación será difícil de sostener, de hecho tiene ya puntuales objeciones.
Hace 20 días se informó que diversas corporaciones policiacas y personal de la Secretaría de Gobierno recuperaron el predio La Toscana en el norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, que desde hace varios meses fue invadido por un grupo de “paracaidistas”. Sin embargo, terrenos aledaños continúan ocupados pese a que habitantes de La Floresta y Vida Mejor han denunciado ante las autoridades respectivas el asentamiento irregular ubicado en una peligrosa ladera.
En el municipio de Ángel Albino Corzo, desde hace más de seis años el predio El Cedral fue invadido y pese a denuncias sistemáticas, trámites oficiales y “compromisos” de funcionarios, no ha sido restituido a sus legítimos propietarios. Y como estos casos hay muchos más en la entidad donde se espera la aplicación del Estado de derecho.
Las invasiones en Chiapas fueron hace años un recurso legítimo de la lucha social frente a los cacicazgos y latifundios que concentraban en pocas manos la propiedad de la tierra. Incluso en la ciudad se toleraron por la fuerte presión poblacional (tasa de crecimiento de 8.6%) que se registró en la década 1970-1980, periodo en el que se formó la emblemática colonia Patria Nueva hace 34 años.
Sin embargo, ese ejercicio reivindicatorio de derechos se ha contaminado y desvirtuado restándole legitimidad hasta convertirse en muchos casos en una práctica abiertamente ilegal. Salvo las que han demostrado tener una motivación social genuina, las invasiones hoy están estrechamente vinculadas con líderes deshonestos que se aprovechan de las necesidades de la gente para lucrar con ellas, exprimiéndoles el escaso dinero que tienen con la ilusión de obtener un patrimonio.
Sin embargo, ese fenómeno no se reproduce sólo por la habilidad del dirigente de embaucar a sus seguidores, sino por las redes de complicidad que se tejen en la esfera del poder para sacarle ganancias políticas y económicas. La mayoría de los partidos políticos establecen con organizaciones populares una relación clientelar que alienta las invasiones con la promesa de que –con su voto— una vez en el poder se regularizarán las precarias colonias formadas. Muchas veces esa promesa no se cumple pero las protegen de los desalojos y así se la llevan hasta la siguiente elección, o hasta que algún afectado poderoso haga valer su influencia en el gobierno para que le sean restituidas sus propiedades.
En este sentido, asegurar que no se tolerarán las invasiones, es una afirmación que coquetea con la demagogia. Mientras en la solución del problema sigan pesando más los intereses o los cálculos políticos que la norma jurídica, la aplicación del Estado de derecho queda en un terreno pantanoso. Las chozas construidas de madera, lámina y plástico, serán testimonio recurrente de la palabra incumplida.
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