Reforma educativa, entre madruguetes y simulaciones

MARCHA MAGISTERIO

Los maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación salieron descalabrados en el tramo final de la legalización de la reforma educativa. No pudieron impedir que el Congreso local homologara a nuestra constitución estatal las leyes secundarias aprobadas por los legisladores federales en septiembre pasado; y, de ribete, resultaron lastimados por las astillas de la violencia generada por un grupo de “provocadores” o “anarquistas” que destruyó las rejas y los cristales de la entrada del edificio legislativo durante un plantón magisterial de protesta.

O el magisterio fue engañado por el gobierno o sus reflejos están estropeados o la dirigencia juega a la simulación. Cuando se pactó la minuta para finalizar el paro de docentes de más de 80 días, uno de los acuerdos fue la construcción conjunta de un proyecto educativo alterno de acuerdo a las particularidades del estado, el cual se vería reflejado en las leyes locales. No se habló de rechazar la reforma educativa, pero sí de darle un rostro particular en Chiapas. Sin embargo, pasó medio año y no se diseñó el procedimiento institucional que abriera los espacios de debate y acuerdos para darle viabilidad a la propuesta. Ni los docentes ni las autoridades mostraron convicción ni iniciativa. Al final, sólo los representantes de las facciones oficialistas de la Sección 40 y de la Sección 7, presentaron sus propuestas –centradas en la defensa de sus derechos sindicales— ante diputados de la Comisión de Educación del Congreso, quienes exhortaron a los opositores aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha hacer lo propio para “armonizar” juntos la modificación constitucional. No hubo respuesta. Si a la dirigencia magisterial de la S-7 el gobierno les había prometido otra cosa, éste no les cumplió. “Es una marranada”, una “traición al pueblo”, expresó el dirigente suplente de la organización, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, al comentar la aprobación de las reformas en una sesión legislativa extraordinaria dominical.

Si los líderes no fueron engañados, entonces su capacidad de reacción dejó mucho que desear ante un tema de relevancia suprema. Sabían perfectamente los plazos constitucionales para que los congresos locales aprobaran la homologación de las leyes educativas (12 de marzo) y supieron con varios días de antelación que existía la posibilidad de que los diputados dieran un “albazo” para alinear las leyes estatales con las federales. Sin embargo, el sindicato magisterial no se movilizó y el domingo 9 en la mañana, en sesión extraordinaria, el Congreso dio el cerrojazo legal a la denominada reforma educativa. Quizá los maestros no habrían impedido las modificaciones, pero sí hubieran podido suspender la sesión legislativa e incluso obligar a los diputados a cambiar de sede, llevar al límite los tiempos legales y así dejar incuestionable testimonio de la fuerza de su oposición.

La tercera hipótesis y la que ayudaría a comprender la pasmazón sindical, es que los líderes magisteriales –cooptados ya por el gobierno— deliberadamente dejaron correr los tiempos, retardaron las resoluciones de las asambleas gremiales que pugnaban por un mayor activismo y en ese sentido tampoco mostraron iniciativa para movilizar a sus bases. Bajo estas circunstancias, la tardía y endeble “toma” del Congreso local que los maestros hicieron el lunes, fue sólo un acto simulado de protesta sin mayor impacto ni trascendencia política, armado para mostrar ante los medios y las facciones internas radicales de la CNTE, cierta “congruencia” con la bandera opositora a la reforma educativa.

De todo lo anterior se puede colegir que hasta ahora lo menos importante para autoridades y sindicato es la calidad educativa, pues lo que se ha priorizado son los aspectos políticos del problema, de ahí que haya una marcada intención en las reformas de hacer énfasis en la salvaguarda de los intereses gremiales, para inhibir su potencialidad como factor de inestabilidad.

En lo que oficialmente se dio a conocer sobre las modificaciones a la Ley de Educación, hay un especial esmero en dejar claro que se “protegen íntegramente  (los) derechos magisteriales”: Transparentar los procesos de evaluación y que sean respetuosos de los derechos constitucionales y legales de los docentes; garantizar la permanencia en el sistema educativo si no aprueba las evaluaciones “con sueldos, prestaciones y demás derechos adquiridos”, incluso aumentos salariales; “rescatar los estímulos que el estado ha instituido con el propósito de reconocer e incentivar la docencia en el magisterio chiapaneco…”.

En mayo la CNTE sin duda volverá a movilizarse y los alcances de la protesta dependerá de la estrategia que despliegue la organización nacional. Por supuesto, en Chiapas no tendrá la dimensión que alcanzó el año pasado. Los maestros están bastante satisfechos con la conservación de sus conquistas sindicales y el gobierno convencido de que ha logrado retomar el control del factor magisterial en el mantenimiento de la gobernabilidad. La calidad educativa, una vez más, puede esperar.

AL “SON DE LA NEGRA”.- En el tema de la obra pública se nos recalca que todo se está haciendo en tiempo y forma, que se supervisa el cumplimiento de la normatividad, que se actualizan los protocolos de certificación. Sin embargo, lo curioso es que las autoridades de Infraestructura nunca dicen cuándo, se les “olvida” dar fechas concretas de conclusión, por lo que ese aspecto casi siempre queda en la ambigüedad. Si acaso informan el tiempo aproximado y durante el avance de las obras ya no se vuelve a mencionar, quizá porque no se tiene la certeza de cuándo concluirán ya sea por falta de recursos, por falta de previsión, por contingencias ambientales o, cabe señalarlo, porque su terminación responde más a cálculos político-electorales que a cuestiones técnicas. Si hay planeación, si se eligieron a las empresas constructoras más idóneas, debiera haber también certezas en los tiempos de los trabajos que, no obstante lo necesarios que son, también implican pérdidas económicas para comerciantes y calvario para transeúntes y automovilistas. Por otro lado, hay cuestiones de normatividad que en el transcurso de la obra sólo los expertos podrían determinar si se cumplen o no, pero no escapa a la vista de nadie cuando no se hacen bien las cosas. Pronto daremos algunos ejemplos.

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