Gobierno-CNTE, los límites del conflicto
Foto: Oscar León.
El conflicto entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha llegado a una situación límite. Son intransigentes en sus posturas fundamentales. Respecto a la “reforma educativa”, nadie cede. El magisterio exige la abrogación, el presidente Enrique Peña Nieto dice que la ley no se negocia. Frente al todo o nada no hay posibilidad de diálogo y se inflama el encono. Para intentar ablandar al adversario, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, amenaza con usar la violencia para romper el bloqueo parcial o total de carreteras; la CNTE desafía el ultimátum y endurece las medidas de resistencia, lanza gritos de guerra.
El tiempo se agota, la paciencia también. En ambos bandos se fortalecen las posturas radicales. La sociedad, rehén de la intransigencia, también se desespera y reclama una salida pronta. Y un sector importante se inclina no precisamente por la vía pacífica.
La tentación represiva está latente y la respuesta violenta de los maestros se da por descontado. Nadie ganaría en este escenario, ni el gobierno, ni la CNTE, mucho menos la sociedad. El costo para el Ejecutivo federal sería muy alto, nacional e internacionalmente. Afuera sería acusado por organismos y grupos civiles, de dictatorial y violador de derechos humanos; adentro, habría una reacción similar y generaría una oposición mayor a las políticas gubernamentales. A la guerrilla (Ejército Popular Revolucionario y EZLN) se le estaría invitando a actuar más allá del respaldo discursivo o económico que ha manifestado en Oaxaca y Chiapas. En este contexto, la puerta para la injerencia del Ejército mexicano, quedaría abierta. Y esta no es una cuestión menor por sus peligrosas implicaciones en la estabilidad del país.
Los maestros tampoco ganan en un escenario de abierta confrontación. Además de la previsible pérdida de vidas, la dirigencia sindical corre el riesgo de que el respaldo de las bases disminuya. Al menos en Chiapas, un sector mayoritario de docentes no quiere ni está preparado para enfrentar un largo y desgastante periodo de enfrentamientos. En un contexto de violencia prolongada, la estabilidad económica de los maestros se torna vulnerable, y muchos no están dispuestos a perder sus privilegios ni comprometer la seguridad de sus familias.
La sociedad tampoco saldría ilesa. Una extensión del conflicto metido en una dinámica de violencia creciente, ahondarían aún más las repercusiones económicas y sociales que la protesta magisterial ha tenido durante más de 50 días. La derrota misma de la política como vía para solucionar los conflictos sería una gran pérdida para la sociedad, pues permitir una salida autoritaria es darle la espalda a los valores democráticos y revivir tentaciones totalitarias. Sería como restregarse a sí misma su incapacidad de influir en el rumbo de las transformaciones del país, particularmente en el caso de la educación en el que, irresponsablemente, ha dejado que decidan actores que tienen más intereses que convicciones en esa materia fundamental para el desarrollo del país. La simple imagen de la policía atacando con gases lacrimógenos a maestros que protestan con bloqueos carreteros o la de profesores “expropiando” gasolina para automovilistas o tomando edificios públicos en horas laborales, es un fiel indicativo de que el conflicto magisterio-gobierno rebasa el plano educativo y entraña factores de carácter laboral y político.
Sin embargo, pese a que los principales actores del conflicto tienen el hacha de guerra en lo alto, la posibilidad de un acuerdo no está muerta. El gobierno federal y la CNTE tienen tanto que perder en un escenario violento, que su única salida es la negociación. Tan es así que en medio de ultimátums y suspendida oficialmente la mesa de diálogo, los acercamientos no se detuvieron, de manera informal se exploraron posibilidades, alternativas a una ruta beligerante que parecía no tener retorno. Para apaciguar la tormenta en el sur del país, a la candente y espinosa “reforma educativa” se le sacó la vuelta con la promesa del “diálogo sobre el modelo educativo”.
Como siempre, el gobierno y la CNTE volverán a pactar; pero lo harán pensando no en la sociedad, sino motivados por sus cálculos políticos facciosos. La calma quizá llegue pronto, pero con ella no vendrán aires renovadores. La tensión se diluirá hasta nuevo aviso, hasta cuando los intereses de ambos bandos vuelvan a chocar en sus pugnas de poder.
Y eso seguirá sucediendo hasta que la sociedad (no sólo empresarios) decida asumir cabalmente su responsabilidad en la construcción de un sistema educativo que contribuya a sacar de la ignorancia y la mediocridad a millones de mexicanos. Ello implica sacar el debate del modelo educativo de la viciada relación entre el gobierno y el magisterio, y exigirles además de una profunda autocrítica, compromiso honesto con la educación. La sociedad ya no debe permitir que los intereses políticos y sindicales la sigan tomando como rehén.
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