Financiamiento, reconstrucción y elecciones

De nuevo, Chiapas vuelve a ser noticia por las medidas que ha tomado el Congreso del Estado en torno a la reconstrucción por los sismos de septiembre. En efecto, las decisiones asumidas por unanimidad en la legislatura local son aparentemente positivas y nadie podría estar en desacuerdo con ellas, si verdaderamente se tratase de atacar genuinamente el problema que lo motiva. Se tomó el acuerdo de avalar la contratación de deuda y, además, se suspenderá el financiamiento a los partidos para el próximo año; ambas medidas –en teoría- con el propósito de crear una bolsa de recursos públicos dirigida a la reconstrucción de viviendas y edificios públicos dañados o colapsados.

A casi un mes de los sismos de septiembre, editorialistas y periodistas en general continúan narrando historias u ofreciéndonos análisis sobre el despliegue de solidaridad suscitado, cosa que habla muy bien de las capacidades de reacción de la ciudadanía ante situaciones tan terribles. Lo que no está bien, y esto también suele ocurrir en estas circunstancias, es que esto haya dado lugar a ciertos actos de rapiña en algunas zonas afectadas, particularmente en la ciudad de México. Tampoco ha sido atinado el papel de las televisoras (Televisa y TV Azteca) que convirtieron la tragedia en telenovela. Menos aún puede reconocerse el papel de los actores políticos en general que hicieron del momento un torneo de apuestas, como si se tratase de un juego de azar.

Al mismo tiempo, se reflexiona sobre el triste y criminal papel que las autoridades en sus distintos niveles suelen distinguir en estos casos, cuando permitieron edificaciones que violaban los reglamentos de construcción. No es extraño que en medio del desastre aflore el catálogo de ilegalidades mediante las cuales se permitió construir sin los más mínimos requisitos de seguridad. Ahora se despliega una andanada mediática para repartir culpas y responsabilidades, pero escasamente veremos brillar el más elemental sentido de justicia en las acciones de gobierno, el desastre será cubierto con el manto de la impunidad. Para desgracia nuestra, vivimos la peor pesadilla en cuando al nivel de deterioro, ineficacia, colapso y colonizaciones parciales de las instituciones públicas del país.

Como han dicho algunos, hemos vivido lo mejor y lo peor al mismo tiempo, pero ha sido más lo mejor que lo otro, al menos eso puede aceptarse a través de las múltiples pruebas de apoyo de la gente ordinaria, particularmente de los más jóvenes. La energía social desplegada durante todo este tiempo es la muestra irrefutable de los profundos lazos de solidaridad que nos distingue.

No obstante todas estas cosas, positivas y negativas, lo cierto es que aún puede venir algo peor. El próximo año se renovará la legislatura estatal, los 122 ayuntamientos y la gubernatura. La medida de suspender todo financiamiento a los partidos es en sí misma demagógica; es el fruto envenenado que envía la clase política a un electorado harto de los partidos y políticos de distinto signo. El riesgo de dejar sin financiamiento a los partidos es que estos terminen buscándolo en donde ya muchos lo hacen: en los bolsillos de agentes privados. El problema de esto es que nos encamina a un problema de dimensiones dantescas convirtiendo nuestra democracia en plutocracia. Peor aún, abre el camino al financiamiento ilegal y, por lo tanto, a la captura del Estado por parte de las redes criminales que tienen intereses en esto. Si no somos capaces al menos de enviar señales de alarma o advertir las probables consecuencias de que el proceso electoral próximo sea colonizado por agentes privados prácticamente comprando a candidatos y partidos, no tendremos manera de poner un alto a un despropósito como el que acaban de acordar los diputados en el Congreso chiapaneco. Condenar y contaminar las elecciones desde ahora al ingreso de dinero legal e ilegal, constituye la antesala de la claudicación de facto de las instituciones democráticas que ha constado un esfuerzo mayúsculo construir.

¿Qué se puede hacer ante esto? En primer lugar, revertir las medidas tomadas por el Congreso, al menos en lo que se refiere al financiamiento a los partidos y evitar el ingreso de fondos ilegales o legales, pero indebidos.

Por otra parte, aprobar una iniciativa para que el gobierno estatal contrate deuda a fin de apoyar a las familias afectadas por los sismos y reconstruir los bienes inmuebles (públicos y privados) que resultaron dañados parcial o completamente, resulta una encomiable labor frente a los enormes retos que esto significa. El monto de los créditos que han sido autorizados por el Congreso local pueden alcanzar una cifra cercana a los 900 millones de pesos para atender las contingencias derivadas de los sismos de septiembre; pero la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones informó que, de manera preliminar, se necesitarán alrededor de 4 mil millones para la reconstrucción. Más allá de ser muchos o pocos los recursos para tales fines, el problema de esto es que quienes operan las instituciones estatales han dado ostensibles muestras de que la lógica mediante la cual operan los fondos no es precisamente la de hacer llegar los recursos a quienes lo necesitan. La verdadera racionalidad de todo esto es la convertir a los ciudadanos en beneficiarios de las dadivas del gobierno y obtener mediante estos mecanismos una ganancia política.

Si se trata de apoyar a las personas que han sufrido los daños provocados por los fenómenos (no) naturales del mes pasado, nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo con semejantes medidas. Sin embargo, un análisis más profundo de las acciones tomadas nos puede cambiar el panorama. Contratar más deuda en un estado que ya ha sido hipotecado por sus gobernantes al menos en las dos administraciones previas, tendrá consecuencias negativas sobre el conjunto de la ciudadanía porque de algún lugar tendrán que salir los recursos. Una opción es ofrecer en garantía las participaciones federales y otra será el encarecimiento de los servicios que el gobierno ofrece de manera poco eficaz a la ciudadanía.

No perdamos de vista que se trata de una coyuntura en la que están en disputa varios cargos de elección popular. Por lo tanto, es muy difícil pensar en la candidez y la buena voluntad de un gobierno que ha sido todo lo contrario a semejantes valores.

¿Qué se puede hacer ante esto? En primer lugar, revertir las medidas tomadas por el Congreso, al menos en lo que se refiere al financiamiento a los partidos y evitar el ingreso de fondos ilegales o legales, pero indebidos. En segundo lugar, Chiapas tiene uno de las sociedades civiles más activas derivadas de los acontecimientos de 1994 y esta no sólo debe ser convocada para supervisar el manejo de los fondos que habrán de invertirse en la reconstrucción sino que, además, puede actuar mediante una mesa de trabajo para que dichos recursos lleguen a las familias que ahora lo necesitan con urgencia. A dicha instancia, también deben incorporarse las universidades existentes, así como representantes de la iniciativa privada, sin que esto signifique la exclusión de los agentes gubernamentales. En medio de la tragedia se requiere no sólo voluntad sino, además, transparencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.