El retorno de la guerrera

Con preocupación me entero del probable cierre de la librería José Emilio Pacheco en Tuxtla. Ignoro quien es el actor de semejante e infortunado desatino, pero debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para oponernos a ello.

Cuando la líder del sindicado de maestros, Elba Esther Gordillo, fue detenida en el aeropuerto de Toluca por los cargos de lavado de dinero, defraudación fiscal, delincuencia organizada y, en general, por actos de corrupción en la organización magisterial, siempre pensé que se trataba sobre todo de una venganza política más que de un afán justiciero. La deliberada incapacidad de la PGR por sustentar los cargos y la consecuente liberación de la maestra, constituyen la prueba más evidente de que se trató siempre de un ajuste de cuentas entre políticos, como ya lo habíamos visto antes en los casos de dirigentes sindicales en desgracia. Pero lo más espantoso del caso es que nos muestra con toda su crudeza que el sistema de justicia se encuentra supeditado y sirve a quien detente el poder ejecutivo en nuestro país.

La señora Elba Esther hizo de sus infortunios una telenovela y muchos estuvieron de su lado para apoyarla, incluso aquellos que se oponían a ella. No creo que su principal error haya sido su oposición a la reforma educativa. Pienso, por el contrario, que la diferencia fundamental sobrevino de la tentativa de cancelar la fuentes de su poder para otorgar favores, que es la base sobre la cual aun mantiene algo de control al interior del sindicato, fuerza que le permite incidir en la distribución de cargos públicos. Por ello es que para todas las fuerzas políticas el sindicato que ella representaba se constituía en un aliado estratégico para ganar elecciones.

En otras ocasiones he dedicado algunas reflexiones en torno a la detención de la maestra Gordillo. En un artículo publicado para la Revista Era en el año 2013, poco después del arresto, mencionaba la dificultad de procesar ese hecho como un acto justiciero, cuando a todas luces resultaba más bien una venganza política al viejo estilo priista.

En aquella ocasión mencionaba que “si el gobierno del presidente Peña Nieto tiene las pruebas para demostrar el origen ilícito de los recursos utilizados para el dispendio, quiere decir que no se está hablando del financiamiento que la líder recibía vía cuotas sindicales, sino de otro tipo de recursos que alimentaban la forma de operar del sindicato y sus dirigentes. Por ello, la defensa ha enfocado todas sus energías y pruebas en demostrar el origen lícito de los recursos manejados. Si la fuente de recursos a disposición de Elba Esther Gordillo como presidenta vitalicia del SNTE, devienen del financiamiento aportado por el Estado y de las cuotas sindicales, ¿quiere esto decir que el gobierno actual detectó que existe un venero distinto por la que llegaban recursos al sindicato y a su líder?” En honor a la verdad, aunque el gobierno del presidente Peña Nieto tuviera todas las evidencias para fincar responsabilidades por corrupción a la ex-líder sindical de los maestros, era verdaderamente improbable que se procediera de esa forma dado que el diferendo no tenía esos orígenes, sino el desafío al poder y la soterrada disputa por el financiamiento que media la relación política de la base magisterial, donde la maestra es la madre que reparte favores a cambio de votos.

En aquella ocasión también me preguntaba si “¿no se le podrían haber fincado responsabilidades por el mal uso de las cuotas y patrimonio de los trabajadores? En este sentido, lo importante era el mensaje y no evidenciar que existe la voluntad política para proceder jurídicamente aplicando el derecho sin distinciones. Es cierto que se usaron procedimientos jurídicos aparentemente pulcros, pero deja un halo de sospecha semejante rudeza en la aplicación del derecho bajo los cargos que se le imputan”. La líder nos ha dado muestras de sus excesos, pero los argumentos jurídicos que se utilizaron fueron un insulto a la razón. Elba Esther podrá ser corrupta, pero no estúpida.

“El caso de la líder sindical es indefendible no por las razones jurídicas esgrimidas, mismas que serán la coartada para que la defensa pueda encontrar las salidas legales y buscar la excarcelación de su cliente en el próximo sexenio o incluso antes. Se trata de un asunto que a todas luces destilaba el néctar orgiástico de la corrupción sindical que, por cierto, no es privativo del gremio magisterial. Por lo tanto, el delito por el que uno esperaría debería enjuiciarse a la maestra más bien sería por el uso y abuso de los recursos tanto públicos, como de los agremiados del sindicato. Las arcas de la organización magisterial no aguantaban la más mínima auditoría durante la gestión de Elba Esther Gordillo y por ello debieron proceder jurídicamente en contra de ella y sus cómplices”. Transparentar el uso y destino de los recursos sindicales resulta una tarea impostergable no sólo para evitar los abusos sino, además, para desterrar la dinámica clientelar que priva en las organizaciones sindicales.

Al mismo tiempo, señalaba que el inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, con los desatinos y la debilidad que puede mostrar una administración nueva, las expectativas que había alimentado a través del impulso de las reformas estructurales, particularmente en el sector energético y educativo, requería que su autoridad se legitimara en la práctica. Por un lado, se pactaron las reformas con las principales fuerzas políticas de oposición. Por otro, se actuó con mano dura. “Era del dominio público la ostentación y la frivolidad de la ex-líder sindical, que no tenía pudor alguno en hacer evidente el amplio poder del que gozaba y que la convertían en un personaje de la política prácticamente intocable. Protegida y encumbrada por el poder del PRI y el PAN, paga hoy la osadía de haberse mostrado contraria a la reforma educativa. La dirigente lanzó su desafío y el gobierno aprovechó la ocasión para un mensaje de autoridad. No nos olvidemos que estamos ante un Estado con gran fragilidad, aunque nos parezca sorprendente. Asediado por el crimen organizado, poderes fácticos (no sólo los líderes sindicales; por cierto), iniciativas populares de autodefensa, un movimiento entre insurgente y cívico que volvió a sacar la cabeza (EZ), gobiernos estatales que instalan sus propios feudos y que son intocables; en resumidas cuentas, un escenario de desorden con desafíos constantes a la autoridad constituida”.

Si las pretensiones del gobierno que está por concluir su mandato hubiesen sido la aplicación de la ley, creo que tenían todos los elementos para llevar a juicio a la lideresa que hoy retorna al escenario público no sólo victoriosa, sino rebosante de salud. Por lo tanto, lo que inició falsamente como un tema de corrupción, terminó siendo un problema político de principio a fin. Elba Esther ingresó a la cárcel (por cierto, solamente estuvo pocos días) por sus diferencias con el presidente y queda libre porque políticamente se alió con los que en breve tomarán el poder.

Elba Esther es una suerte de reina Midas, pero a diferencia del dios de la mitología griega, ella no convierte en oro todo lo que toca. La defenestrada líder del sindicato de maestros, contamina todo lo que a su paso encuentra porque en su ADN no imperan otros códigos que la compra de voluntades. A juzgar por su última presentación pública, no se observa la fragilidad de una persona enferma como se sostuvo a fin de evitar la cárcel. Quienes se prestaron a toda esta farsa forman parte de esa maquinaria que aceita la corrupción en México.

La gran paradoja de todo este circo es que nos muestra que pese a las evidencias de corrupción, resulta prácticamente imposible la aplicación de la ley porque nuestro actual sistema de justicia es un híbrido que no deja de servir al poder, pero se dejan cabos sueltos a fin de alcanzar acuerdos extrajudiciales. Mientras esto no cambie continuaremos viviendo bajo el manto de impunidad que se construyó durante el periodo autoritario y que los sucesivos gobiernos de la alternancia hicieron muy poco para revertir esta tendencia. Construir un nuevo sistema de justicia bajo nuevos esquemas institucionales centrados en la autonomía del poder judicial garantizando los derechos humanos es la tarea más urgente que tenemos como país.