La corrupción, el huachicol y el nuevo gobierno

El gobierno de la república ha iniciado una cruzada en contra de la corrupción tal y como lo ofreció en campaña el hoy presidente. Como se sabe, el primer desafío lanzado fue en contra del robo de combustible que generó nerviosismo y problemas de abastecimiento en algunas partes del país, particularmente en la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Sin minimizar la gravedad del desabasto de combustible que aún se sufre en algunos de estos lugares, no es menos cierto que en el resto de las entidades federativas la situación no se ha salido de control. Más aún, con las salvedades de cada uno de aquellos casos, el abasto de combustible se ha regularizado conforme pasan los días, no así la perforación de los ductos que, en el caso del de Túxpan – Azcapotzalco, han sido atacados en varias ocasiones después del cierre de estos.

Como suele ocurrir en estos casos, mientras estalla un conflicto de esta magnitud, de la misma forma tienden a proliferar los “expertos” en los medios. Son escasos los argumentos equilibrados que contribuyan a pensar con más frialdad el impacto de las medidas tomadas. Magnificar los genuinos sentimientos de frustración ante una situación súbita de falta de combustible para atender sus necesidades cotidianas, más que apagar el fuego y ayudar a comprender el fenómeno contribuye a enrarecerlo. Las compras de pánico, sobre todo en la Ciudad de México, fue artificialmente estimulada tanto por las impericias del propio gobierno, como por las posturas adoptadas por los medios frente a la emergencia.


    Foto: Wikipedia

A pesar de todo, también existe una suerte de consenso respecto a la medida tomada por el gobierno en el sentido de parar esa sangría de recursos en que se había convertido el robo de hidrocarburos. Aunque entre la comentocracia y, en general, en el gremio del periodismo hay una suerte de respaldo al gobierno en su combate al huachicol, no es menos cierto que es precisamente en este sector donde más críticas han existido por la forma en que esto se implantó y las impericias de comunicación que han cometido los funcionarios más directamente involucrados en el tema.

Por su parte, los resultados que arrojan las últimas mediciones en torno al tema del robo de combustible y la decisión del gobierno de detenerlo, la población en general consultada ofrece un amplio respaldo a las medidas instrumentadas por las autoridades federales. Como se sabe, más del 70% de la población respalda las decisiones del gobierno federal en esta materia.

No esta demás recordar que los delitos asociados al robo de combustible ascienden a más de 60 mil millones de pesos tan sólo en el año pasado. Se tiene registrado que durante el gobierno del presidente Fox se presentaron indicios de lo preocupante que podía ser ese delito, pero desde esa época las autoridades hicieron caso omiso o bien se coludieron con la redes criminales que literalmente se roban el patrimonio nacional. Sin embargo, el saqueo de que ha sido objeto PEMEX puede tener incluso antecedentes más remotos, en la época en que se decía se administraría la abundancia cuando los gobiernos en turno y el sindicato formaban parte de la misma red que se beneficiaba extrayendo rentas a costa de los recursos públicos.
Conforme pasan los días y la información va fluyendo poco a poco nos enteramos, por ejemplo, que lo que permite que una actividad de esta naturaleza crezca no solamente se trata de una suerte de connivencia entre funcionarios públicos, el sindicato y redes criminales dedicadas al robo de combustible, sino que también están involucrados agentes privados que se dedican a la venta de gasolinas. En efecto, la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado que en algunas empresas expendedoras de gasolinas no cuadran las cifras entre los litros que reciben, con la facturación de la totalidad del combustible vendido al público.

Por su parte, la Procuraduría General de República ha señalado que desde el mes pasado hasta el día de ayer se han realizado poco menos de 2 mil carpetas de investigación vinculadas con el robo de combustible, pero solamente menos de 50 personas se les ha aplicado prisión preventiva. El problema es que hasta la fecha este delito no es considerado grave y, por lo tanto, no hay que albergar muchas esperanzas de que a quienes se les compruebe su participación en este ilícito puedan purgar algún tipo de pena. En otras palabras, quienes se encuentren responsables por ese delito podrán salir bajo fianza.

Pese a los actos de sabotaje que se han estado presentando y dadas las capacidades de las organizaciones criminales para infringir daños a la población o al propio Estado, sorprende que estas (se sabe que tanto el CJNG, como los Z, forman parte o controlan el “negocio” del huachicol) no hayan respondido con actos todavía más virulentos. No hay que olvidar, por ejemplo, que hace algunos años se atribuyó a las redes criminales los atentados que se presentaron tanto en Michoacán, como en Chihuahua. Es posible que la acción disuasiva y la rapidez con la que actuó el aparato de seguridad del Estado haya permitido establecer un cordón de protección para evitar mayores daños. No obstante, el peligro puede estar a la vuelta de la esquina.

Para complicar aún más las cosas, el presidente ha informado en los últimos días que en el sector salud existen problemas con el desabasto de medicinas y que, también, están investigando al respecto. No puede ser posible, dijo, que se inviertan 80 mil millones de pesos en la compra de medicamentos y haya escasez. En este sentido, la prensa ha podido documentar varios casos de desvío de recursos en el sector salud que, a estas alturas, pueden estar dejando más víctimas que las del combate a las organizaciones criminales. No han sido pocas las entidades del país en las que se han documentado y denunciado estos delitos a través de los medios de comunicación, pero hasta la fecha es poco lo que se ha hecho.

En este escenario no se puede ignorar que nos encontramos ante un problema de enormes proporciones. En efecto, tanto sociedad, como el actual gobierno, estaremos sometidos a una presión mayúscula derivada no sólo de la concatenación de los hechos recientes, sino de la compleja red de intereses que vinculan a las organizaciones criminales, algunos sectores de la sociedad y del gobierno. De ese tamaño es el reto que la actual administración tiene en su lucha por desterrar la corrupción.

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