La rudeza de los torpes

Foto: Cortesía

Dada la gravedad de los acontecimientos y las acciones tomadas por las autoridades judiciales del Estado de Veracruz, en contra de líderes de las organizaciones cafetaleras del centro de la entidad, me permito reproducir aquí un texto previamente publicado para AVC Noticias, portal para el que escribo con alguna regularidad. 

Es importante destacar, igualmente, que por la presencia de las organizaciones del gremio campesino y sus interconexiones basadas en el conocimiento y la solidaridad, decido que ahora se publiquen estas consideraciones en Chiapas Paralelo, pues existen fuertes vínculos entre los cafetaleros jarochos y los chiapanecos.

Como nota adicional, es importante destacar y reconocer que el gobernador de Veracruz aceptó que el delito que se les imputa a los líderes injustamente encarcelados no es grave y, por lo tanto, puden seguir el proceso en libertad. Esto es muy importante advertirlo, aunque igualmente implica una contradicción con las medidas instrumentadas por la Fiscalía del Estado, no obstante que resulta una buena noticia la política de la distensión. Falta que eso se haga realidad liberando de manera inmediata y sin condicionamientos a los presos políticos del sexenio del cambio verdadero.

Que los gobiernos emanados del PRI podían utilizar toda la fuerza del Estado para someter las protestas sociales no podía ser considerado una sorpresa; en más de una ocasión usaron de manera desmedida la represión directa o selectiva a quienes se atrevían a salir a las calles por la lucha de demandas largamente ignoradas por la autoridades que debían atenderlas. A pesar de todo, se cuidaban de no exacervar las contradicciones que, por rudeza o carencia de inteligencia, pudieran hacer estallar ciclos masivos de protestas.

Con un gobierno estatal y federal aparentemente sensible a la luchas sociales y que incluso varios de los dirigentes hoy en el gobierno que vienen de las movilizaciones populares, aplican medidas extremas para someter las protestas de los inconformes; esta vez le ha tocado a los productores de café del centro de Veracruz experimentar la vileza con que pueden manejarse los actuales gobernantes. El día 26 de mayo del año en curso, varios líderes de las organizaciones cafetaleras de Veracruz fueron arrestados sin mediar notificación alguna previa a su detención y existe la amenaza que puedan ser apresados otros más. Entre otros, los líderes detenidos son: Cirio Ruiz González, Minervo Cantor Peña, Abraham Cabal Pulido y Crisanto Valiente Miramón.

De acuerdo con las autoridades judiciales, también se llevó a cabo la detención de la exalcaldesa del municipio de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, quien gobernó esa localidad entre los años 2018 al 2021. A todos ellos se les menciona como presuntos responsables del delito de “estragos”. En efecto, el delito de estragos está tipificado en el código penal en su artículo 265 en el que se estipula que lo comete “quien de manera dolosa, mediante incendio, explosión, inundación o por cualquier otra causa, creare un peligro común para los bienes o para las personas, se le impondrán de cinco a veinte años de prisión y multa de ciento cincuenta a ochocientos días de salario”. Con otras palabras, la invocación a este artículo del código penal presupone que a los imputados se les considera como instigadores de los acontecimientos ocurridos en la movilización de enero de 2022.

Sin embargo, el conflicto se inició al menos desde el año pasado cuando la trasnacional Agroindustrias Unidas de México (AMSA) decidió unilateralmente bajar los precios por kilo de café que venía acopiando de los productores veracruzanos. En enero de 2022 los cafetaleros inconformes por las medidas tomadas deciden movilizarse hasta un centro de acopio en el municipio cafetalero de Ixhuatlán del Café; frente al atropello que significaba la sustracción de por los menos 5 pesos por kilo de café acopiado por la empresa; de tal manera que mientras los precios por el kilo de café cereza estaban en alrededor de los 18 pesos, la trasnacional determinó arbitrariamente el pago por kilo entre 12 y 13 pesos. Mientras llevaban a cabo esta acción de protesta legítima y pacífica con la intención de abrir espacios de negociación, sorpresivamente comenzó un incendio en un beneficio de la empresa que incluso los propios cafeticultores prestaron su apoyo con el propósito de sofocar el fuego. Hechos sobre los cuales la trasnacional interpuso una denuncia de hechos.

Todos los detenidos fueron trasladados al penal de máxima seguridad de La Toma, en el municipio de Amatlán, Veracruz, en el que se les dictó prisión preventiva oficiosa hasta por un año, mientras se desahogan todas las diligencias del caso.

Por su parte, voceros de AMSA y del gobierno estatal, coinciden en señalar que el problema de los precios es el resultado de la acción perniciosa de los “coyotes”, quienes terminan por pagar un importe más bajo por kilo de café cereza acopiado, perjudicando con ello a los productores. Agregan que los precios de referencia internacionales están mal aplicados; razón por la cual no se les puede pagar a los productores lo que desean. Un funcionario estatal añade que la empresa es la que mejor paga a los productores de la región.

Los cafetaleros no solamente se oponen a los criterios unilateralmente impuestos por la trasnacional y avaladas por el gobierno estatal sino que, además, los funcionarios parecen desconocer que las organizaciones campesinas cuentan con expertos en el comercio internacional del café y conocen muy bien cuales son los precios de referencia en el mercado mundial, los cuales son usados con frecuencia para fijar los montos en que debe pagarse el kilo de café durante el acopio. Por ello es que, como lo han mencionado reiteradamente, consideran que AMSA no solamente ha procedido incorrectamente sino hasta en contra de la más elemental lógica, pues ha fijado los precios a su antojo y beneficio empresarial, situación que termina por afectar los de por sí magros ingresos de los productores de café.

Más controversial resulta el hecho de que, a partir de la negativa de la exalcaldesa de Ixhuatlán del Café a formar parte de uno de los grupos de poder dentro del gobierno estatal y su participación con uno de los posibles sucesores del actual gobernador, se llevaran a cabo las detenciones que hoy mantiene injustamente presos a todos los inculpados.

Lo que se puede desprender de todo esto es que, más que un problema judicial, resulta un problema político por varias razones; principalmente porque nadie puede descalificar el derecho que asiste a los productores de café de protestar de manera pacífica cuando consideran que sus intereses son afectados, menos aun cuando se trata de arbitrariedades y decisiones unilaterales de una empresa que cuenta con los contactos en el gobierno para imponerse.

En segundo lugar, resulta por lo demás extraño que sea hasta apenas ahora que hayan procedido las autoridades judiciales, cometiendo una serie de barbaridades en el camino, como el hecho de no haber notificado con antelación y prontitud a los presuntos responsables violando flagrantemente el debido proceso. Con otras palabras, las draconianas medidas judiciales tomadas se hicieron a la antigüita con el propósito de silenciar opositores, como ha dado profusas muestras el presente gobierno en su diario proceder.

En tercer lugar, ya no solamente resulta preocupante sino que incluso desproporcionado e ilegal tratar a los detenidos como si fuesen reos de alta peligrosidad, al remitirlos al penal de máxima seguridad de La Toma, en el municipio de Amatlán. En verdad, es absolutamente temerario que las autoridades estatales se presten y, además, pongan en práctica acciones represivas, intimidatorias y violatorias de los más elementales derechos. Esta postura que, por cierto, ha sido la característica de la presente administración estatal, puesto que no han sido los cafetaleros los únicos que han sufrido los agravios y excesos sino, también, líderes políticos que se han opuesto a diferentes medidas adoptadas por el régimen actual. Por increíble que parezca han resultado más proclives al uso de la fuerza y la intimidación para tratar de silenciar tanto a opositores, como a las genuinas protestas que emergen de la sociedad civil; cuando muchos de los actuales funcionarios e incluso el propio gobernador se precian de venir de las luchas sociales, pero que ahora estando en el poder no escatiman esfuerzo alguno por reprimir a quienes en otro tiempo apoyaron.

No es la mejor señal usar la ley y los aparatos represivos del Estado para someter a quienes ligítimamente enarbolan inconformidades porque han sido objeto de agravios inaceptables. Se requiere un mínimo de inteligencia y menos autoritarismo para conducir a buen puerto los conflictos de carácter político. Resulta por lo menos paradójico que quienes en otros tiempos, mientras eran opositores, genuinamente protestaban por los excesos de los gobiernos en turno, ahora respondan con intimidación y medidas extremas para silenciar y escarmentar a quienes levantan la voz por las injusticias cometidas.

Por lo tanto, es urgente la inmediata liberación sin condiciones de todos los presos políticos detenidos por este conflicto y, al mismo tiempo, abrir espacios de comunicación y negociación con el fin de llegar a nuevos acuerdos. Nadie gana con escalar un conflicto usando con rudeza innecesaria todos los instrumentos de coerción estatales para someter las legales y legítimas protestas sociales. Resulta a todas luces inaceptable que un gobierno que se jacta de democrático y que está a punto de entregar el poder, recurra a las peores prácticas de los tiempos más oscuros de la vida política del país.

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