Capitalismo de desastre. Hegemonías y mercados de carbono en la costa de Chiapas

Humedales desecados. Foto: Rogelio J. Ramos

Por Rogelio Josue Ramos Torres y Víctor Manuel Velázquez Durán

El desastre como mecanismo de dominación

Lo escribió, en 1998, Julio Moguel, entonces articulista de La Jornada, “el desastre en Chiapas es la continuación de la guerra racial por otro medios.” El comentario venía a propósito del paso del huracán Mitch y la forma en que su impacto prolongaba la ya de por sí larga saga de injusticia, infortunio, despojo y muerte que caracteriza la historia de decenas de pueblos en la entidad. Sólo que, en aquella ocasión, esas violencias se manifestaban abruptamente a través de la naturaleza, que fungía a su vez como una interfaz útil para el sometimiento y el control social.

Por cuanto pudiera parecerlo, aquel fenómeno no fue un hecho aleatorio, sino el estallido de un acumulado de vulnerabilidades sociales gestadas por la longeva acción de poderes depredadores, caciquiles y neocoloniales, que han gozado del silencio y obscuridad que caracterizan a la región costera. Una característica que distingue a la costa de otras zonas de Chiapas, a las que la academia, el periodismo e incluso la política pública han prestado mayor atención.

Este abandono, ha permitido amplios márgenes de maniobra para los grandes capitales de la región, emanados en una enorme proporción de los viejos sistemas finqueros que siguen siendo famosos por la brutalidad con la que explotan tierras y seres humanos. Sistemas que han propiciado, además, la configuración de naturalezas adecuadas no a la preservación y reproducción de la vida, sino a las demandas de mercados nacionales e internacionales voraces. Estas intervenciones han desestructurado las formas de vida vernáculas, operando procesos de subjetivación que modifican las identidades para transformar a campesinos y pescadores artesanales en mano de obra barata.

Esa es, en buena medida, la historia del gran proyecto modernizador en la costa de Chiapas, que tiene en la ganadería y la agroindustria sus dos pilares centrales. Dos actividades que avanzan incesantemente desde tiempos coloniales como una mancha que devora bosques, selvas, humedales, esteros, tulares y manglares para transformarlos en parcelas de monocultivo o pastizales destinados a la crianza de ganado. Una fórmula en la que el desastre provocado por esas mismas intervenciones sirve a la vez de justificante para perpetrar la siguiente expansión.
Lo sucedido en torno a Mitch y sus efectos en aquel 1998 es ilustrativo en este sentido.

Si el huracán alcanzó ese potencial destructivo fue no solamente por su intensidad, sino, principalmente, porque encontró agregados humanos profundamente expuestos. Entre las causas de esa vulnerabilidad, destacaba una que obedecía a la intención gubernamental de favorecer a agroindustriales y ganaderos: la rectificación de más de 1,500 kilómetros de cauces de ríos iniciada en los años setenta.

Esa medida tuvo repercusiones inmediatas en las zonas bajas de la planicie costera, en los esteros y humedales donde miles de pescadores y sus familias se habían ganado históricamente la vida, y los cuales comenzaron a llenarse rápidamente con el azolve transportado por ríos que habían perdido su capacidad de filtración. A la vuelta del tiempo, la desecación fue ganando terreno, los cuerpos hídricos mermando, y, la pesca, consecuentemente, agotándose. Los pescadores padecerían, así, los efectos de un desastre lento provocado por la intervención de las cuencas, que se aceleró violentamente cuando Mitch se atravesó en esa historia sacando crudamente a la luz las consecuencias de la ineptitud y connivencia gubernamentales con los intereses agroganaderos.

Y, aun así, el desastre sería el sustrato sobre el que los grandes capitales de la región emprenderían su enésima expansión. Una acción visible en la reconversión de los antiguos cuerpos hídricos, ahora desecados, para albergar corrales de bovinos de doble propósito y cultivos de gran demanda, como la palma de aceite.

El azolve, fungía, así, como un velado subterfugio para la reterritorialización y para el despojo. Pérdidas de las que dan cuenta un sinfín de testimonios de pescadores que faenan en los moribundos sistemas lagunares que se extienden de Arriaga a Puerto Madero.

La catástrofe en la costa de Chiapas se manifiesta, por tanto, como un ciclo propulsado por las hegemonías que primero intervienen arbitrariamente provocando daños y alteraciones sobre los entramados naturales construidos por seres humanos y no humanos, y más tarde aprovechan sus efectos para continuar sirviendo a sus propios intereses.

Así lo evidenció la persistencia de los proyectos de rectificación de ríos, obras que tuvieron una responsabilidad flagrante al agudizar las vulnerabilidades que amplificaron el poder destructor de Mitch. Y, sin embargo, lejos de detenerse, las rectificaciones siguieron, como siguieron también sus repercusiones. La propia CONAGUA reconoce que fue a inicios del siglo XXI, tras el paso de fenómenos meteorológicos como Stan, que los pueblos costeros resintieron los peores impactos de estas obras.

Significa pues que el desastre en Chiapas opera como un instrumento supletorio del que se vale el gran capital para afianzar sus asentamientos territoriales. La fórmula se recicla una y otra vez prácticamente desde tiempos coloniales: vulnerar a las poblaciones privándolas de sus medios y formas originales de vida y organización, para abandonarlas después a su suerte en espera de que la fenomenología de la naturaleza termine por hacer el trabajo.

La apuesta es no solamente apoderarse de nuevos territorios, sino el abatimiento de las posibles resistencias, objetivo para el que los escenarios del desastre resultan idóneos. Es ahí donde la compra de voluntades a través de las viejas lógicas clientelares y la cultura de la dádiva mejor se prestan a reforzar la división y a sembrar el conflicto.

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa lo denunciaba, así, en octubre de 2017, luego del impacto de los sismos del mes precedente en la región de Tonalá: “la destrucción de barrios completos es brutal, casas que de un minuto a otro cayeron completamente, vecinos que como pueden intentan reconstruir su vida. La presencia de los actores que se disputan el territorio es palpable, por un lado, la marina y el ejército tienen su presencia como aparato institucional, por otro, las iglesias evangélicas reparten despensas y ropa a diestra y siniestra, ninguna apela a la colectividad o a la organización ciudadana, todos continúan con el asistencialismo paternalista.”

Quedan ahí expuestas también las agencias de estado y expresiones religiosas que, voluntariamente o no, coadyuvan, en el mejor de los casos, a la salvaguarda del estatus quo, y, en el peor, al endurecimiento del control capitalista de la región. Contribución a la que suelen sumarse agrupaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que proceden en los terrenos del desastre replicando las mismas recetas diseñadas en las agendas del gran capital. Acciones de alcances efímeros que tienen como denominador común el cuidado de no cuestionar a los poderes productores de desigualdades y vulnerabilidades sociales.

Pescador en el manglar. Crédito Víctor Manuel Velázquez Durán

Mercados de carbono, la reinvención del proyecto hegemónico

El último escenario para la reedición de las dinámicas del desastre que mueven los engranajes del capitalismo en la costa de Chiapas, lo provee el cambio climático. Una noción de la cual se desprenden narrativas catastróficas que, como en el caso de huracanes y sismos, lo presentan no como un problema provocado por el operar de actores puntuales, sino como un fenómeno que se puede contrarrestar mediante medidas tecno-ingenieriles que, una vez más, dejan intactos a los poderes que alteran y degradan la naturaleza.

Entre estas medidas, una de las últimas llegadas a la costa de Chiapas es la que se presume como solución basada en el “carbono azul”, a la que se presenta como oportunidad para generar dinero a partir de la venta del carbono que almacenan los altos y exuberantes manglares de la costa de Chiapas en sus hojas, raíces y sedimentos.

Sus premisas emanan de un paradigma global enmascarado de verde, que promete desarrollo a las comunidades pobres de los países del Sur-Global, comprometiéndolas a restaurar, reforestar y conservar los bosques de manglar como una medida de compensación por la destrucción que las empresas realizan en otros lugares. De esta manera, se dice, la salvaguarda del patrimonio ecológico de las comunidades apoya a la descarbonización (descontaminación) de un planeta al borde del colapso.

Pero más allá de los discursos de organismos internacionales y ONG´s que pintan un escenario idílico al hablar de las “bondades” del carbono azul, lo que la experiencia en otras regiones ha enseñado, es que la medida es eficaz para limpiar la imagen de las compañías transnacionales, pero no para alcanzar los objetivos que dice seguir. Se trata, más bien, según la opinión de las investigadoras Yvonne Yañez y Camila Moreno, de un modalidad inédita de control territorial que merma la soberanía comunitaria sobre la naturaleza, y usando a esta última, de nueva cuenta, como herramienta para la obtención de ganancias.

Uno de los problema principales, es que el emergente mercado del carbono azul es opaco y carece de mecanismos regulatorios que garanticen una transparencia en la ejecución de los proyectos. Esta situación dificulta el monitoreo de cómo se distribuyen realmente los costos y beneficios en una cadena que se caracteriza por la participación de una gran variedad de actores. No obstante, la evidencia empírica sugiere que, en esa cadena, el último eslabón suelen ser los pueblos que tutelan los ecosistemas y que realizan la mayor parte del trabajo de restauración obteniendo ganancias que no compensan el esfuerzo.

Hablar de carbono azul en la costa de Chiapas, es hablar de un nuevo ciclo de mercantilización de la naturaleza, de una avance capitalista que ha encontrado en el manglar una nueva vía para continuar con la privatización de los bienes comunes. Las comunidades que participan en estos proyectos se ven obligadas a firmar contratos de cesión de derechos sin estar debidamente informadas. El objetivo último de empresas nacionales e internacionales es no interrumpir las actividades contaminantes que les generan ganancias, finalidad dentro de la cual la provisión de información puntual a las y los pescadores no es una prioridad.

Así lo explica, en sus propias palabras, un pescador de la costa de Chiapas:
“La Empresa del Carbono Azul nos hizo creer que ganaríamos dinero con la venta del carbono de nuestros manglares. Nos pidieron la concesión de nuestra cooperativa, nuestros documentos personales, y firmamos unos contratos que nos comprometieron a trabajar con ellos por varios años. Pero hasta la fecha no sabemos qué ha pasado con la venta del carbono de nuestros manglares. Nunca nos volvieron a informar nada, la verdad nos sentimos estafados por esta empresa.”

Las palabras del pescador no retratan una anomalía, sino el funcionamiento regular de proyectos de acumulación por descarbonización, como le nombran Yañez y Moreno, en los que la opacidad es la regla. Ese tipo de empresas operan como intermediarias entre las trasnacionales contaminantes y las comunidades. Su rentabilidad depende, por tanto, del acaparamiento de grandes extensiones del manglar. Ese es el producto que ofrecen en venta a las empresas interesadas.

En ese proceso, y siguiendo las viejas recetas de penetración para la imposición de proyectos, un elemento fundamental vuelve a ser la labor de brókeres o actores locales. Personajes dispuestos a manipular a comuneros, socios cooperativistas o ejidatarios, a fin de hacerles firmar los contratos mediante los que ceden sus derechos territoriales sin dejarles ver los riesgos que tiene el involucramiento en ese tipo de mercados.
La mercantilización de la naturaleza conquista, así, un nuevo umbral, aniquilando en el camino todos sus significados.

Así ocurre cuando el valor monetario asignado al manglar desplaza al resto de sus valores, en los que se espejea la organización, la identidad y la espiritualidad de la comunidad. Por eso, la monetización de este ecosistema tiene también una repercusión en la relación que los pescadores tienen con la naturaleza, pero también entre ellos mismos. El dinero se encarga de agudizar los conflictos inter e intracomunitarios, rompiendo a menudo pactos ancestrales con los que los pueblos pesqueros regularon históricamente la cohabitación y aprovechamiento de esteros, albuferas y mares.

Por si fuera poco, la evidencia internacional acumula pruebas que demuestran que la medida no solamente no contribuye a la descarbonización del planeta, sino que está propiciando su crecimiento. Porque lo que sí hace, es permitir la continuidad del modelo de acumulación de capital que consume a marchas cada vez más forzadas los bienes naturales. El mismo modelo que alimenta al cambio climático y a los desastres que cunden sobre todo en las regiones más vulneradas del mundo.

Con base en estas evidencias, se puede anticipar que el mercado de carbono azul en la costa de Chiapas no sólo no concederá, como presume, una mayor autonomía y bienestar a los pueblos de pescadores. Por el contrario, colocará la soberanía de su patrimonio ecológico en manos de las hegemonías que hoy se tiñen de verde, o, mejor dicho, de azul, en una nueva reinvención que les permitirá ensanchar sus rangos de influencia sobre los remanentes de los ecosistemas largamente depredados por ellas mismas. Dentro de la relación de poder con las comunidades, eso implicará también un mayor grado de subordinación social, conseguido, una vez más, gracias a la instrumentalización de la naturaleza. En ese proceso, el desastre vuelve a ser la causa y el efecto que aceita los ciclos del capital.

Referencias
Yañez I., y Camila Moreno, (2023), “Acumulación y desposesión por descarbonización”, en Lang et al., (eds.), Más allá del colonialismo verde. Justicia Global y geopolítica de las transiciones ecosociales, CLACSO.