Junta de Coordinación Política, manzana de la discordia

La disputa por la titularidad de la estratégica Junta de Coordinación Política del Congreso local llevó a los diputados Emilio Salazar Farías y Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor al borde de la ruptura. Por ley, esa posición le corresponde al Partido Verde Ecologista de México (segunda fuerza política en el Legislativo) y quien debía asumirla era Salazar, su coordinador parlamentario; sin embargo, la línea gubernamental era otra: ungir a Castellanos para asegurar el control y la viabilidad de las iniciativas de ley en el segundo año de la administración velasquista.

La discusión, los jaloneos, los ofrecimientos, el amarre de compromisos no escritos en la bancada del PVEM, retrasó siete horas el inicio de la sesión cameral del martes 1 hasta que el “delfín” fue aceptado como líder, pese a que ya había desempeñado ese encargo desde octubre del 2012 a marzo de este año, antes de ser electo presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura.

La voluntad de Palacio se impuso y dejó lastimada la relación entre los legisladores involucrados en la disputa de poder. Para atenuar la percepción de una fractura que perjudicara la cohesión interna, ambos diputados acordaron emitir un comunicado conjunto en el que manifestaron estar “unidos a favor de las y los tuxtlecos” y se refrendaron su amistad “que les ha permitido lograr acuerdos”. Una fotografía en la que aparecen abrazados y sonriendo, selló la “operación cicatriz”.

Sin embargo, más allá de los recursos mediáticos para emitir un mensaje de unidad, lo cierto es que Emilio Salazar quedó muy resentido porque fue relegado de las decisiones fundamentales de su bancada y del Congreso, lo que significa un duro golpe a sus aspiraciones políticas de gobernar la capital chiapaneca en el 2015. Al negársele la Junta de Coordinación Política, se le quitó una poderosa plataforma de proyección en la construcción de su candidatura y difícilmente podrá sacarla adelante desde la presidencia de la Comisión de Hacienda que aún conserva. Su estrategia de “destaparse” como aspirante a la alcaldía de Tuxtla durante su informe de actividades legislativas, disputando ese espacio a unos de los hombres más cercanos al gobernador, no le funcionó; y parece ser que el pronóstico de su “suicidio político” se cumplirá.

Con su principal adversario neutralizado y bajo la tutela del poder palaciego, Castellanos tiene la vía libre para concretar sus aspiraciones de llegar a la presidencia municipal u otra posición para la cual sea requerido en el ajedrez partidista y gubernamental. Desde la titularidad de la Junta de Coordinación Política, será una pieza clave para cabildear e impulsar entre los diputados –y otros sectores de la sociedad— las iniciativas de ley que le urjan al Ejecutivo; podrá “orientar” los temas prioritarios de la agenda legislativa; tendrá bajo su control la política de comunicación social del Congreso; será el encargado de operar los nombramientos de magistrados, autoridades electorales y funcionarios de derechos humanos; influirá de manera determinante en la elaboración del proyecto de presupuesto y, sobre todo, tendrá preeminencia en el manejo de los recursos del Poder Legislativo.

Con ese andamiaje institucional a su disposición, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor puede sentirse orgulloso de su “crecimiento político” y de estar cumpliendo al pie de la letra su papel de peón de los grupos que detentan el poder. En este sentido, de tres cosas podemos estar seguros: del futuro promisorio del “diputado más joven”, del uso de recursos públicos para fines políticos personales y de la subordinación del Legislativo al Ejecutivo. Nada alentador para la vilipendiada sociedad chiapaneca y su remedo de democracia.

 

NÓMINA CONFIDENCIAL, CABAL SALUD.- Comentan varios lectores que el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdoba efectivamente renunció… pero a su responsabilidad de resolver los principales problemas de la capital. A lo que no ha declinado es a recibir su austero sueldo neto de 33 mil 933.87 pesos mensuales, mil pesos menos de lo que gana el secretario municipal o el  tesorero, y 17 mil pesos menos que el “Director F” del DIF. Ni el ciudadano más ingenuo se traga estos datos. Sigue la simulación en la transparencia… la nómina confidencial goza de cabal salud.

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