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En Chiapas, todos/as sueñan despiertos

El contraste entre la realidad y lo absurdo que se vuelve realidad, o la realidad que se vuelve absurda. O a aquella parte de soñar despierto, de llevar los sueños a la existencia, aunque el resultado se convierta en algo contrastante hasta lo irrazonable.

Manuel Velasco en la Feria Internacional de Tapachula. Foto: Icoso

Las fantasías del gobierno de Chiapas

En Chiapas prevalecen dos realidades: la del gobierno y sus charreadas, y la de las comunidades fracturadas por la violencia, la intolerancia y la pobreza.

Reunión con cafeticultores. Foto: Eduardo Ramírez

Demagogia y promesas, respuesta del gobierno de Manuel Velasco a crisis de cafeticultores

“En una reunión que tuvimos con los cafeticultores les manifestamos a nuestros paisanos de Chiapas que no están solos, que el Gobierno del Estado es y será su mayor aliado para la solución del sector”.

Organizaciones de Derechos Humanos del Sureste, instalan un mecanismo coordinado y permanente de observación, ante la militarización de la frontera sur



Frontera sur mexicana, a 19 de agosto 2014


 El Programa Frontera Sur anunciado por el Gobierno Federal viene a incrementar la securitización de la frontera sur, reforzando el despojo y las violaciones a los derechos humanos que se cometen por diferentes autoridades en la zona.
Ante estos anuncios y medidas, las organizaciones del sureste hemos decidido poner en marcha acciones coordinadas de monitoreo, para exigir responsabilidades ante el incremento que puede darse de violaciones de derechos.
El pasado 7 de julio el presidente Peña Nieto anunció en Playas de Catazajá la puesta en marcha del llamado Programa “Frontera Sur”, donde se anuncia la construcción de más infraestructura fronteriza, mayor coordinación entre autoridades de diferentes entidades gubernamentales en el control fronterizo, se avala una mayor presencia del Ejército y la Marina en la zona y se crean los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF).

Este plan contiene a nuestro juicio numerosas ambigüedades y mantiene una visión de seguridad nacional, anteponiendo la gestión y control de flujos migratorios por encima de la seguridad humana. Sigue así sin haber en la política migratoria mexicana una visión de derechos humanos que fomente la no discriminación y la multiculturalidad que conlleva todo flujo migratorio. No existe mención alguna a como se van a respetar los derechos humanos de las personas afectadas por estas medidas, ni cómo se va a evaluar su efectividad o se van a rendir cuentas. En definitiva, no hay atención a las causas estructurales de la migración, sin que una mayor seguridad en la región vaya a ser una solución a sus consecuencias.

Este enfoque no es nuevo ni una consecuencia de la llamada “crisis de la niñez migrante”. Ya desde el año pasado, las organizaciones que trabajamos por la defensa de los derechos humanos hemos venido observando numerosos movimientos en esta frontera sur tendentes a militarizar la zona, elevar la presencia de la Policía Federal, reforzar controles aduanales y biométricos y relanzar a la par proyectos extractivos y ecoturísticos, generadores de desplazamiento en la zona y divisiones en las comunidades. Y esta militarización continúa hoy día, con o sin Programa Frontera Sur, como vemos por los operativos constantes y violentos que se están dando contra migrantes en Tabasco y en la costa de Chiapas.

A pesar de todos estos obstáculos, personas migrantes y refugiadas siguen tratando de llegar o transitar por la zona en busca de protección y mejores condiciones de vida, viéndose afectadas por este incremento de las medidas de control, las cuales solamente están lucrando más a las redes de tráfico y reforzando la corrupción de autoridades coludidas. A lo que se suma el nombramiento desde la entrada del nuevo gobierno federal de autoridades encargadas de tema de seguridad y migración con perfil militar y policiaco y la extensión de estas medidas de control a países vecinos.

Ante esta realidad y el reciente anuncio del Gobierno federal, organizaciones de los estados de Chiapas y Tabasco hemos decidido constituirnos en un observatorio permanente de esta realidad, para monitorear los efectos que se deriven de esta política de seguridad.

En nuestra experiencia, estas medidas solamente van a provocar el incremento de las violaciones a los derechos humanos y el despojo, por lo que hemos decidido coordinar las acciones de monitoreo en nuestras zonas de influencia, constituyéndonos de esta manera en un observatorio permanente de la frontera sur y de los efectos que genere esta política, perfilada únicamente en motivos de seguridad y de alineación con los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América.

La situación que vive la frontera de crisis económica, desplazamiento forzado, corrupción e impunidad no va a solucionarse desde una mirada de seguridad e incremento del control, sino atendiendo a las causas estructurales que generan esta realidad y cambiando de modelo económico hacia un sistema más sustentable y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad.

Los resultados que arroje este monitoreo coordinado serán publicados periódicamente para conocimiento de la población y la exigencia de responsabilidades por los hechos violatorios de derechos que puedan documentarse. Invitamos igualmente a otras organizaciones del sureste preocupadas por estas acciones y anuncios a sumarse a este esfuerzo.

Organizaciones firmantes:
Albergue de la 72 – Tenosique, Tabasco; Casa del Migrante San Francisco de Asís – Huixtla, Chiapas; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas – San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova – Tapachula, Chiapas; Enlace Comunicación y Capacitación – Comitán de Domínguez, Chiapas; Hermanas de Palenque – Palenque, Chiapas; Mesa Transfronteriza Migraciones y Género (Guatemala-Me´xico); Servicio Jesuita a Migrantes – Comitán de Domínguez, Chiapas; Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes – San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Chiapas PARALELO

Historia: del secuestro de migrantes y la paz social en Chiapas

En Chiapas no queremos padecer la historia que han vivido y viven otros mexicanos, arrastrados en una ola de desapariciones, secuestros, desplazamientos forzados y detenciones arbitrarias.

Desplazados de Carranza por conflictos intercomunitarios... peregrinan sin reencontrar su hogar. Foto: Chiapas PARALELO

La división, obstáculo a vencer en comunidades en resistencia

El reciente conflicto que se dio entre bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), permite ver como los grupos que mantienen el poder (religioso, económico o político), inciden de manera negativa, provocando una y otra vez la confrontación entre iguales, con la clara intensión de impedir el avance de los procesos de lucha y resistencia.

Retenidos en Tapachula

Conatos de violencia y linchamiento, deja campaña de miedo en Chiapas

Personal de la Secretaría de Salud que se transformaba en una camioneta blanca, como parte de brigadas de vacunación, fueron retenidos por habitantes de Tapachula, quienes consideraron que podrían ser “ladrones de órganos” (…) el escenario está puesto para que cualquier desestabilización social como esta campaña de miedo, desemboque en un nuevo acto de violencia que desequilibre a este gobierno que parece ausente.

Fray Tomás González

jTatik Samuel jCanan Lum, o Dios en la Tierra

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Desplazamiento forzado en Chiapas, bajo la complicidad gubernamental

Despojados de sus tierras, de sus bienes, de su seguridad, a veces hasta de su autoestima. Así viven más de 25,000 personas en Chiapas. El desplazamiento forzado en esta entidad ha sido utilizado como un mecanismo de control para mantener “la estabilidad” en regiones o con grupos donde existe la disidencia.

estadísticas sobre seguridad

¿Se siente segura/seguro de vivir en la ciudad?

El 68.0% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, revela una encuesta que realizó en el último trimestre de 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).