A diferencia del derecho de acceso a la información y de protección de datos, la transparencia y la rendición de cuentas son políticas públicas encaminadas a la eficiente y eficaz administración de los recursos públicos, el IEPC y todos los organismos o poderes públicos deben de implementar éstas políticas públicas para garantizar al ciudadano que los recursos se ejercen de manera adecuada y responsable.
El IFAI determinó instruir a SEGOB a efecto de que, previo requerimiento de quien acredite efectivamente ser el padre, madre o tutor de dichos menores, y devolución de las Cédulas de Identidad Personal, proceda a cancelar, en el Registro de Menores de Edad, los datos biométricos (fotografía, las diez huellas dactilares y los iris) de los menores que indicó en su solicitud.
El 24 de marzo de 1980 Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue asesinado por un francotirador mientras celebraba una misa, justo momentos antes de del ritual de la Consagración. Monseñor Romero fue un férreo crítico de la situación de los derechos humanos en el Salvador, su voz le dio voz a quienes no eran escuchados ni dentro ni fuera de su país y que acusaban al Gobierno por la represión que se vivía.
Hace dos semanas el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), resolvió el recurso 0309/2015 que se derivó de la solicitud siguiente: “ Los resultados de la Consulta realizada a los pueblos indígenas de Nayarit por parte de la CFE para conocer su opinión respecto a la construcción de la presa “ Las Cruces”.
Los partidos políticos deben de hacer estudios minuciosos de sus probables candidatos, dejar de un lado la simple victoria electoral. Es lamentable que personajes siniestros pero con mucho recurso económico engrosen la lista de candidatos a puestos de elección popular. La responsabilidad de partidos y Gobierno es no permitir, cerrar todas las vías para que la delincuencia detenga su representación política.
La discrecionalidad en el manejo de recursos públicos resulta en absurdos como que los afiliados a un sindicato no sepan en qué se gasta el dinero que aportan o que se recibe. No podemos seguir con afiliados a un sindicato que ni siquiera saben que forman parte del mismo, no se enteran del contenido de su contrato colectivo, con líderes que disponen del dinero público para hacer culto al ego o para comprar complicidades.
Muchos de quienes en los Congresos de los estados aprobaron esa deuda, han cambiado de partido y ahora buscan otro cargo político, mencionan que ahora sí se hará todo lo que no se ha hecho. (Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son ni a quién sirven cuando alzan las banderas.)
Este año seguramente entrará en vigor la Ley General de Archivos, que obligará a todos los niveles de gobierno a seguir determinadas pautas relativas al tratamiento de los archivos. Es una buena oportunidad de conjuntar la energía pública (talento, recurso material y humano) con el fin de dar un salto cualitativo en la preservación y conservación de nuestros archivos.
Es en los municipios donde el tema de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales debe fortalecerse; por ello sin duda la Reforma Constitucional en materia de transparencia es un reto para los Ayuntamientos y para las personas que se dedican a estos temas.