Y Chiapas se ha unido a esa corriente en una ola que asemeja más el seguimiento a un discurso que en los hechos admite la ineficacia del aparato ministerial y judicial para castigar al corrupto, a pesar de que las leyes han abierto varios canales para proceder a su enjuiciamiento.
A pesar de que el artículo 6, tercer párrafo de la Constitución Federal y el artículo 5 fracción XII de la Constitución de Chiapas reconocen el acceso a internet como un derecho, no se ha logrado reducir la brecha digital ni se ha generado una política enfocada a este tema.
nuestros legisladores deben de tomar partido en este tema y no dejar que se cumpla el plazo señalado en el transitorio segundo de la Ley General de Transparencia, tampoco se trata de llegar primero sino como lo señalaba José Alfredo saber llegar…
El reto es socializar el tema, si bien es cierto la transmisión vía internet potencializa el conocimiento del tema , también lo es que la brecha digital en el país es una realidad.
El pleno de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales l INAI resolvió ordenar a la PGR se entreguen versiones públicas de las averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 02 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. Una vez más nos damos cuenta que los hechos del pasado no se han olvidado, el 2 de octubre y el 10 de junio, no se olvidan…
En agosto de 2010 un grupo de migrantes centroamericanos fueron masacrados en San Fernando Tamaulipas a manos de un grupo de la delincuencia organizada, los medios reportaron que una persona había sobrevivido, se mencionó su nacionalidad e incluso se mostró el rostro de esta persona, con lo cual su vida probablemente fue puesta en riesgo.
La Ley General de Cambio Climático obliga a las entidades federativas y municipios a elaborar y publicar los atlas de riesgo que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático. De Chiapas sólo está el estatal y el de los municipios de Arriaga y Comitán de Domínguez.
Se llevó casi un lustro para que dicha información se considerara dentro del catálogo de obligaciones de transparencia pero ahora ya es una realidad, sin duda es un logro para la sociedad en general y un paso más en el acceso a la información y la rendición de cuentas.
A pesar de que la sentencia tiene más de cuatro años de haber sido emitida, el artículo 215 A del Código Penal Federal sigue sin cambios, han pasado los lamentables sucesos de Ayotzinapa y no existe una Ley General de Desaparición Forzada.