Empresas tienen que consultar y el Estado garantizar a pueblos indígenas antes de cualquier proyecto extractivista: CNDH.

* En Chiapas, casi el 20% del territorio está concesionado a la industria minera.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación e indicó que las empresas que emprenden proyectos extractivos, de explotación y desarrollo en comunidades indígenas deben respetar los usos y costumbres de éstas, así como garantizar que quienes participen en ellas lo hagan de forma libre, informada e incluso con la participación de intérpretes.

En Chiapas, casi el 20% del territorio está concesionado a la industria minera, hay más de 30 autorizaciones gubernamentales para utilizar el afluente de los ríos en la instalación de mini-hidroeléctricas, cinco proyectos para construir represas y una licitación abierta para extraer hidrocarburos de 12 pozos; también está en puerta el proyecto para construir un gasoducto, y a través del decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales, fueron otorgadas facilidades arancelarias para que empresas asienten sus negocios vinculados a la industria extractiva.

Aunque en la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 2011 establece la obligación de todos los servidores públicos de respetar, proteger y garantizar los derechos de todos los habitantes del país. En innumerables ocasiones pobladores de diferentes municipios han llamado a resistencia y defensa de su territorio, como han sido los casos de: Pichucalco, Ocotepec, Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, San Juan Cancúc, Tenejapa, Huixtán y San Cristóbal de las Casas.

El año pasado, la CNDH emitió la Recomendación General número 27 “Sobre el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, Culturalmente Adecuada y de Buena Fe de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana”, y aseguró que este Organismo Nacional enfatizó la necesidad de contar con un ordenamiento específico que regule adecuadamente el proceso de consulta a ese sector de nuestra sociedad, el cual representa el 21.50 por ciento de los más de 119 millones de habitantes del país.

Desde que inició la gestión de Manuel Velasco Coello: militante del Partido Verde Ecologista de México en 2012, habitantes han denunciado diferentes irregularidades en el actuar de las empresas mineras. En los últimos meses los pobladores han pedido entablar diálogo con el ejecutivo estatal, no pasándolos por alto en las decisiones de extracción en territorios que por mucho tiempo han cuidado  y conservado nuestros ancestros indígenas.

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