Denuncian división de comunidades y confrontación de sus pobladores por reactivación minera en Chicomuselo

Silvestre y Francisca, perseguidos de Chicomuselo por oponerse a la minería extractiva

Activistas defensores de los derechos humanos, líderes religiosos y comunitarios de la región de Chicomuselo, denunciaron que la reactivación de las empresas mineras esa región de la Sierra Madre de Chiapas, incrementó la división en las comunidades, hostigamiento y riesgo de enfrentamiento entre sus pobladores.

Ejemplo de lo anterior es lo que vive la comunidad Ricardo Flores Magón, donde derivado del posicionamiento que mantienen un grupo de ejidatarios de ese lugar de no permitir el paso de compañías mineras por esa comunidad –desde 2007 cuando cerraron el paso a la empresa Blackfire- se expulsó a 10 campesinos y se destituyó a Rolando Hernández López, de su cargo como Agente Municipal.

Silvestre Hernández Sánchez, uno de los ejidatarios afectados –quien además es integrante del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García, explicó que la oposición a la industria minera nació porque durante los años en que estuvo activa la mina La Revancha, él y su comunidad sufrieron daños a su salud por el polvo que dejaban a su paso los camiones cargados de material.

“Diario pasaban 20 camiones o más, cargados de barita –mineral que extraen de las minas- el polvo que dejaban nos estaba enfermando los ojos, empezamos a padecer conjuntivitis, , tos, enfermedades gastrointestinales y el agua se empezó a contaminar. La asamblea estuvo de acuerdo en ya no permitir el paso de los camiones”, detalló.

La decisión de expulsión de Silvestre Hernández y el resto de los ejidatrios, fue impulsada por campesinos que están a favor de abrir el camino para que cuando se reinicie la explotación de la mina La Revancha, los camiones que transportan material usen esa vía, aún cuando los desechos que va dejando han causado daños a la salud de los lugareños.

Además de la expulsión, se amenazó de muerte a los ejidatarios que participan en las labores de vigilancia para evitar que mineros entren a sus comunidades. Los afectados identificaron a su agresor como Isidro López Alvarado, levantaron una denuncia penal por los hechos pero el caso se mandó al archivo.

“Estos hechos nos recuerda el caso de Mariano Abarca Robledo, asesinado en noviembre de 2009 por oponerse a la explotación minera en Chicomuselo”, advierten los ejidatarios. Refieren que en el caso de Abarca, antes de su muerte fue amenazado, denunció ante las autoridades los hechos y aún así no se detuvo la agresión que le quitó la vida.

Los ejidatarios refirieron que empresarios de la empresa Minera Barita de Chiapas, representados por Alfonso Alarcón, insiste en presionar a la población de Ricardo Flores Magón y de el ejido Grecia, para que aprueben el reinicio de las actividades mineras.

En Chicomuselo están vigentes 12 concesiones mineras, quienes tienen autorización para la extracción, y su único freno es que aún no obtiene el permiso de la población que vive en la zona que va a ser impactada. Por ello buscan inhibir la oposición que provenga de las comunidades.

En este contexto, el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García, exigió al Estado mexicano la cancelación de las concesiones mineras toda vez que las comunidades afectadas han manifestado el rechazo a las mismas.

También pide la intervención de la Procuraduría Agraria a fin de que se reconozcan los derechos agrarios de los campesinos expulsados. “Nuestras únicas faltas han sido defender nuestros derechos, el derecho de todos y el derecho de la Madre Tierra”, expresó Silvestre a nombre de los expulsados.

Y finalmente exigen a las autoridades salvaguardar la integridad física de las personas defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chicomuselo.

 

Comunicado del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”

Chicomuselo, Chiapas. 26 de septiembre de 2017.

Boletín Informativo.

 

A las y los defensores de la Madre Tierra y el territorio

A los pueblos y colectivos organizados en defensa de la vida.

Al Congreso Nacional Indígena (CNI)

A los Centros de Derechos Humanos honestos e independientes nacionales e internacionales.

A los medios de comunicación independientes y alternativos nacionales e internacionales.

A la opinión pública.

 

CONTINUAN HOSTIGAMIENTO CONTRA EJIDATARIOS POR SU POSICIONAMIENTO CONTRA LA EXPLOTACION MINERA EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS.

 

 

El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”,  manifiesta su preocupación ante la falta de atención  por parte del Estado al conflicto interno en el ejido Ricardo Flores Magón en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, derivado del posicionamiento que mantienen un grupo de ejidatarios de ese lugar de no permitir el paso de compañías mineras por esa comunidad, y es que desde la experiencia que vivieron en el año 2007 cuando permitieron el paso de la minera canadiense Blak Fire, fueron afectados con el ruido de los camiones, polvos que dejaban a su paso, deterioro de sus carreteras, además de daños a su salud, entre otros, hasta el día de hoy mantienen firme su decisión de no permitir el paso de compañías mineras.

 

Esta situación ha derivado que la Asamblea General, representado por su comisariado ejidal hayan acordado la destitución  de un grupo de 10 ejidatarios de las Asambleas  y no tomarlos en cuenta en los trabajos comunitarios, de igual manera fue destituido del cargo como Agente municipal de la comunidad el C. Rolando  Hernández López, por los motivos antes expuestos.

 

El 14 de mayo del presente año cuando este grupo de ejidatarios participaba en labores de vigilancia para cuidar la entrada de mineros a sus territorios junto a otras personas de otras localidades fueron amenazados de muerte por una persona que responde a nombre de Isidro López Alvarado, vecino del mismo lugar quien portaba un arma de fuego.  Hechos que fueron del conocimiento del Ministerio Publico  de Chicomuselo por el cual se abrió el Registro de Atención Número 016-030-0605-2017,  en el cual este sujeto reconoció los hechos y se comprometió a respetar la integridad de las personas, turnando el archivo como caso concluido por conveniencia de las partes.

 

Estos hechos nos recuerdan el caso de Mariano Abarca Roblero, asesinado  en el año 2009 por oponerse  a la explotacion minera en Chicomuselo,  que operaba la empresa canadiense Blak Fire, quien fue amenazado de muerte y aunque denunció los hechos ante la Fiscalía del Ministerio Público quince días después fue asesinado, hechos que hasta el momento sigue sin esclarecerse.

 

Por otro lado manifestamos que la insistencia de compañías mineras por explotar minerales en distintas localidades del municipio de Chicomuelo, sigue provocando división del tejido social, toda vez que estas empresas se aprovechan de la pobreza de los habitantes para ofrecerles apoyos económicos para que acepten el proyecto minero, situación que provoca  aumento de la conflictividad entre los que rechazan la actividad minera y de quienes están a favor.

 

Por información que proporcionan las comunidades tenemos conocimiento que la empresa MINERA BARITA DE CHIAPAS, representado por el Señor Alfonso Alarcón, supuesto propietario de las concesiones mineras en Chicomuselo,  es la que se encuentra negociando el paso por el ejido Ricardo Flores Magón y en el ejido Grecia donde pretenden explotar los recursos minerales que hasta la fecha se mantiene suspendida.

 

Cabe mencionar que actualmente el municipio de Chicomuselo tiene 12 concesiones mineras con vigencia hasta el año 2059, mismas que fueron otorgadas a diversas compañías sin el consentimiento libre, previo e informado de sus habitantes tal y como se establece en instrumentos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

Por todo lo anterior este Comité de Derechos Humanos solicita al Estado Mexicano

en sus distintos niveles:

 

  • Cancelación definitiva de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo, toda vez que es decisión de las comunidades que manifiestan su rechazo a los proyectos mineros.

 

  • Intervención urgente de la Procuraduría Agraria como órgano de apoyo por parte del estado para de defensa de los derechos de los ejidatarios quienes desde el mes de mayo no han sido atendidos pese al conocimiento de la mencionada dependencia.

 

  • Proteger y salvaguardar la integridad física de las personas defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

 

Por último queremos invitar a los pueblos, comunidades, ejidos, organizaciones de base, a los hombres y mujeres de este país para articular nuestras luchas en cualquier geografía contra este sistema capitalista y sistema de muerte. La tierra es una herencia de nuestros ancestros, y hay que cuidarla y defenderla. Nuestros pueblos y organizaciones han decidido firmemente defender la vida, el territorio y el medio ambiente, porque está en riesgo el futuro de nuestro país.    Por tal motivo los y las invitamos para que participen a la mega peregrinación  denominado “Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la Tierra”, que estaremos realizando el día 2 de octubre partiendo desde la comunidad Ricardo Flores Magón a las 8:00 de la mañana y culminando en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas, hostigamientos y despojo a ejidatarios antimineros

 

Me  llamo Silvestre Hernández Sánchez soy originario del Ejido Flores Magón del Municipio de Chicomuselo, Chiapas; integrado por 72 ejidatarios/as, del cual soy parte.

 

Soy PROMOTOR  del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”,  defensor de los derechos humanos  y del medio ambiente.

 

Desde el 2003 la empresa Caracol empezó con la exploración y explotación de la Barita en la Mina la Revancha II del Barrio San Ramón del Ejido Grecia del municipio de Chicomuselo, Chiapas. en el 2005 transfiere las concesiones a la empresa minera canadiense denominada Black Fire Ltd, esta empresa por ser más grande redoblo horarios de trabajo y aumentaron más  sus actividad de saqueo del  mineral barita, es decir del diario pasaban de 20 camiones o más cargados de la barita, y en nuestro ejido vivimos muchos a la orilla de la carretera, todo el polvo que emitían al pasar los carros llegaban a nuestras casas y esto nos estaba enfermando los ojos, empezamos a padecer de conjuntivitis, mucha tos y enfermedades gastrointestinales por la contaminación del agua,  hablamos en una de las asamblea que ya no se permitiera el paso a los camiones y se levantó un acta de acuerdo de ya no permitir el paso de la empresa, estuvimos de acuerdo y firmamos el acta, se mantuvo este acuerdo por mucho tiempo.

 

Lamentablemente con la entrada de la nueva autoridades ejidales, el presidente del Comisariado ejidal  y su directiva, son pieza claves para obtener la anuencia de la comunidad, les compran su voluntad a las personas. Ya que estas empresas invierten en la compra y división de las comunidades. Reparten despensas y regalos, apoyan fiestas, pagan algunos gastos para mejoras de la comunidad y con esto les permite tener el apoyo de la comunidad. él comisariado ha manipulado a la asamblea para que  se acepte este proyecto,  y empieza la división del ejido.

 

El 30 de abril del 2016  un grupo de 12 ejidatarios en la  asamblea manifestamos nuestra inconformidad y dijimos que no estábamos de acuerdo con lo que está haciendo el  Sr. Cesar López Alvarado actual  Presidente del comisariado  y su directiva, ya que estos defienden los intereses de la empresa, y por este motivo han intimidado  y condicionado a muchos que están inconformes: por ejemplo de quitarles el agua, de no firmarles oficios o documentos cuando lo necesiten. Prácticamente negarles todo servicio que necesite del ejido si no apoyan a este proyecto minero

 

Como defensor de los derechos humanos y en conjunto  con otros compañeros/as nos han amenazado de muerte, nos han   intimidado por defender la vida y la madre tierra ante estos proyectos mineros. En las asambleas ejidales hemos demostrado nuestra postura de No a la minería, si a la vida, sabemos bien que estos proyectos únicamente nos traen afectaciones,  muerte y nada de desarrollo como la empresa minera lo dice. Me han acusado de que soy el alborotador en la comunidad y que me iban a destituir del ejido

 

El 30 abril 2017 en la asamblea ejidal al no aceptar firmar acta de acuerdo de paso de la maquinaria y  los camiones de la empresa  Minera Barita de Chiapas (MIVACHI), nos dijeron que para que asistimos a la reunión si no vamos a firmar los acuerdos que era mejor que ya no asistiéramos a las reuniones porque nada más les estorbamos y que no buscamos el bien del ejido.

 

 

 

Por lo tanto pido a las autoridades correspondientes que me restituyan mis derechos ejidales ya que mi única falta ha sido defender mis derechos, el derechos de todos/as y los derechos de la Madre Tierra ya que he cumplido con las cooperaciones económicas, trabajos y servicios en el ejido.

 

Se ha solicitado a la Procuraduria Agraria que hagan presencia en el ejido y aclaren cual es la función de cada uno de los representantes  de autoridades del ejido y si el defender  nuestros derechos nos deben de destituir del ejido.

 

Para nosotros los campesinos/as, La tierra y territorio son un elemento fundamental para la vida, es el sentido de nuestros pueblos y comunidades. Sin territorio no hay pueblo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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