El inocente y el ladrón/ octava de diez partes

El arraigo domiciliario

Por Alfredo Palacios Espinosa

Convencido de que, en tanto Sabines fuera el dictador que tenía bajo su voluntad al sistema impartidor de justicia para agredir a los que consideraba sus enemigos, me sería muy difícil demostrar mi inocencia para recuperar la libertad sustraída alevosamente, me propuse sobrevivir con dignidad, sobreponiéndome a la adversidad en la cárcel y posteriormente al arraigo domiciliario. Fue necesario oponer a la depresión y la resignación pasiva la actividad intelectual ya que la física dependía de la voluntad de las autoridades que me limitaban. Mis ideas y esbozos literarios las consignaba como ya dije en las servilletas desechables que furtivamente la familia sacaba como basura durante las visitas. La lectura intensa, a pesar de la restricción bibliográfica impuesta, la logramos con mis compañeros internos, ideando formas de comunicación e intercambio. Lectura y escritura me fortalecieron enormemente.

En este encierro valoré el amor de los míos sintiéndome en plena libertad. Nunca me sentí privado de mi libertad, a pesar de las restricciones porque nunca claudiqué. Me propuse no darle gusto al represor de verme deprimido y derrotado desde el monitor que tenía en la casa de gobierno para vigilarnos. El dolor físico persistía con mayor intensidad cada día, pero la dignidad me servía de acicate para soportar los dolores y hacerle frente a los embates intimidatorios de los esbirros a sueldo.

En los últimos dos meses de este atropello, cuando esperaba que de un momento a otro se diera a conocer la resolución final del juzgado federal dejé de recibir los mensajes intimidatorios unos y tentadores otros de parte del gobernante considerándose un agredido imaginario. A unos días de mi libertad, supe que este impase sirvió a Sabines para concentrarse en la búsqueda de una reconciliación política con su antecesor. Fue un primo hermano de este gobernante el que empezó a buscar los contactos, ofreciendo la figura del arraigo domiciliario por razones de salud, como paso previo para que obtener la libertad. De este acercamiento me enteré hasta que estuve en libertad absoluta. En mi caso, como la dirección del penal, tenía un expediente mío con más de 20 recetas de los medicamentos que dejaban pasar con dificultad, previas autorizaciones, al igual que los estudios realizados en Tuxtla, bajo la custodia del personal del penal, más los diagnósticos de los especialistas, estaba suficientemente ajustado al espíritu del Artículo 308 bis del Código de Procedimientos Penales, para que al medio día del 16 de junio del 2012, después de cinco meses de mi detención me notificaran que pasaba a reclusión domiciliaria por lo que pidieron a mi familia que en ese momento se encontraba de visita conmigo acreditara el domicilio al que debían llevarme. Esta fue en la granja que tenía. Me extrañó tal beneficio, sin una solicitud de mi parte y con una urgencia inaudita. Sin descartar que, en ese interés de distender la relación, alguien haya falsificado tal petición porque yo ignoraba de la existencia de una negociación política. Fui trasladado a Tuxtla esa tarde del mismo día 16. “en arraigo domiciliario hasta en tanto se resuelva su situación jurídica…” según rezaba el oficio PGJE/DGP/529/2012, enviado a la policía interna. Fui trasladado por agentes del penal y una actuaria del Juzgado Tercero de lo Penal para entregarme a elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes serían los encargados de mi custodia. Designaron a dos guardias: uno del grupo <táctico> y otro de la <policía interna>, hasta ahora no sé la diferencia, únicamente supe que era una estrategia para vigilarse entre sí y para que ninguno hiciera “arreglos” conmigo.

Al principio, estos agentes que se relevaban cada 24 horas se portaron muy estrictos: anotaban el nombre y hora de llegada y salida de cada una de mis visitas, pero sin la exagerada revisión de la aduana del penal, por esta razón aumentó el número de mis visitas. Con el trato diario, los nuevos custodios fueron aflojando su actitud hasta terminar confiándose en mi persona. De tarde en tarde, por las pláticas con ellos me enteré de las condiciones tan difíciles en que laboraban. Los descuentos inmerecidos de que eran objeto sin la posibilidad de quejarse con nadie para no ser corridos ni sometidos a algún proceso. En fin, me compartieron sus dificultades laborales y diversas anécdotas del oficio y de su vida personal, entendiendo que la mayoría se desempeñaba como policía porque no tuvieron una mejor opción en la vida. Constaté el desamparo en seguridad social en que quedaban ellos o sus familias cuando participaban en algún operativo y resultaban lesionados o muertos o los que terminaban en la cárcel o despedidos por algún fracaso en los operativos. Cuando ellos perdían la vida o quedaban inválidos sus familiares quedaban desprotegidos. Este oficio es mal visto por la sociedad. A pesar de ser requerida su presencia en situaciones de peligro, cuando éstos llegan a cumplir alguna orden son despreciados. Claro que hay de todo: están los que se sienten como pez en el agua, porque al amparo de la autoridad cometen atropellos y delitos, pero no son todos. Si los operativos policiacos implementados resultan un éxito el mérito es de los jefes, si por el contrario fracasa, las consecuencias la pagan ellos ante las comisiones de los derechos humanos o con procesos judiciales o encarcelamientos, sin ninguna asistencia jurídica. Cuando son suspendidos en sus funciones por alguna investigación en curso también les suspenden los sueldos. Cuando caen en prisión les va muy mal con los internos porque se encuentran con sus víctimas y les hacen pagar los agravios cometidos. Durante el arraigo, recuerdo a dos agentes que llegaron molestos por la nueva comisión de cuidarme, ya que venían del municipio fronterizo de Benemérito de las Américas, donde ganaban dinero suficiente para pagarse vicios y placeres, permitiendo el contrabando del ganado guatemalteco a suelo mexicano, cuyas bandas de abigeos con ranchos a la orilla del río, pagan una cuota por cada cabeza de ganado remarcada que pasa, con el que se beneficia la infantería y hasta el jefe más encumbrado. Situación semejante pasa con las armas, las drogas y el tráfico de indocumentados, a pesar de los retenes militares instalados a lo largo de la carretera fronteriza que atraviesa la Selva Lacandona. Lo malo para estos agentes es que, al ser separados de estos espacios, quedan con la vocación de obtener dinero fácil y con la adicción a las drogas y a otros vicios, por lo que se ven obligados a buscar el modo de obtener ese dinero extra que les hace falta para seguir gozando de los placeres. Así sucedió con un custodio que se dedicó a sorprender a las visitas que llegaban a los arraigos. Un amigo que me visitó me advirtió de lo que hacía este agente que conoció en el arraigo de otro compañero. Se puso como ejemplo al ser sorprendido en casa de otro compañero arraigado, cuando le pidió prestada una cantidad para, supuestamente, recuperar de una casa de empeño, la pistola reglamentaria que estaba bajo su resguardo, porque en la tarde pasaría revista y si no exhibía el arma sería cesado y arrestado. Fue tan convincente la petición que el amigo cayó en el engaño. Con esta experiencia advertí a visitas y familiares que no cayeran en el mismo error. Días después, intentó hacerlo directamente conmigo, pero no le fue posible obtener algo. Otros fueron atentos y respetuosos, sin por ello faltar a las órdenes que les daban sus superiores. En los últimos dos meses de los cuatro que duró el arraigo, la vigilancia se relajó de tal modo que algunos guardias, al llegar la noche dejaban sus armas largas bajo mi cuidado, mientras se ausentaban para “resolver asuntos urgentes y personales”, dándome un número telefónico para avisarles por si llegaban a supervisarlos, les dijera que habían ido a buscar algo para cenar. Pronto el policía <táctico> con el de <la interna> se pusieron de acuerdo para que pasada la hora de revista uno se quedara para que el otro se fuera a casa. Otros fueron tan cumplidos que no aceptaron.

El gobierno de Juan José impuso el miedo, la destrucción y la persecución en contra de supuestos enemigos, pero no pudo destruir la dignidad de la mayoría de sus perseguidos, con excepción de los que por conveniencia, a cambio de dejarlos en paz y en los puestos públicos que desempeñaban, suscribieron documentos difamatorios en contra de quien les dio la oportunidad de ejercer un cargo para servir al estado. Estas excepciones confirmaban las palabras del presidente chileno Salvador Allende cuando dijo: podrán avasallarnos pero no podrán detener los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza…, a esta sentencia me aferro ante quiénes corrompieron, abusaron y atropellaron derechos. Soy optimista, pienso que tarde o temprano pagaran los delitos cometidos, aunque los nombramientos y sucesos recientes digan lo contrario. Los que por conveniencia o miedo se reprimieron y no dijeron nada, incluyendo a los periodistas que a toro pasado, destaparon la cloaca de la corrupción, tendrán sus motivos del por qué actuaron así. Los que si tienen que responder tarde o temprano son los que tuvieron la responsabilidad de hacer las denuncias judiciales pertinentes por los delitos y abusos cometidos y no lo hicieron, por el contrario, descaradamente desde el Congreso del Estado o desde el órgano de fiscalización o de la secretaría de la función pública, por instrucciones superiores o por propia iniciativa, para pagar favores, se dedicaron a limpiar la administración pasada solventando y justificando las cuentas de un gobierno que dejó en la miseria al estado. Las componendas del sistema de impunidad impuesto hasta ahora han funcionado a la perfección. A pesar de esta aparente excelencia en los mecanismos de protección e impunidad, Juan José Sabines no puede cantar una victoria total. El cúmulo de mentiras y fraudes al erario público sigue aflorando casi tres años de dejar el poder. En cada dependencia salen más irregularidades, para dejar al descubierto la verdad de un gobierno corrupto y represor que, tarde o temprano, enfrentara a la justicia junto a familiares como partícipes culpables de este saqueo, mientras tanto, enfrenta la condena popular de la sociedad que ya lo juzgó y encontró culpable.

En el arraigo y con una vigilancia menos estricta me llegaban las cartas abiertas y los mensajes por las redes sociales. Así fue como me enteré de los comunicados del doctor Valdemar Rojas, quien con el valor civil que se le reconoce, dijo en tiempo y forma los atropellos que este mal gobernante estaba cometiendo. La respuesta represora no se hizo esperar, yéndose en contra del doctor Francisco Rojas aprovechándose de un incidente familiar. El doctor Valdemar en carta dirigida al nuevo gobernador le pidió deslindarse de la influencia y poder que ejerce Juan José a través de personeros que continúan en el poder estatal para seguir operando, no en favor del actual gobernante para que le vaya bien al estado, sino acatando, primero las órdenes enviadas desde Acapulco y ahora desde el consulado en Orlando Florida. El engaño a otras figuras políticas para sacarlos del escenario electoral fue otra de las prácticas comunes recurridas por Sabines, quien con esa gesticulación que le es habitual, engañó a José Antonio Aguilar Bodegas para confiarlo y luego librar orden de aprehensión en su contra para impedirle su participación en el proceso democrático. Aquí evidenció de nuevo su vocación traidora, mostrándose desleal y desagradecido con quien, en su tiempo le tendió la mano, lo apoyó y ayudó como ser humano.