Desplazamiento forzado: saldos de la violencia aquiescente por el Estado

Desplazados de Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal

Por Fernando Pérez*

El desplazamiento forzado es uno de los rostros de la violencia que padece el pueblo de México. Una violencia que hasta ahora pareciera ser impulsada, aprobada y tolerada por el Estado, en tanto que permite, a través de cotos de poder, un margen de actuación para el control territorial. Cotos de poder que se materializan en organizaciones delictivas y criminales, entre las que se destacan narcotraficantes y paramilitares. Grupos que de algún modo no sólo han sido funcionales al Estado sino que dinamizan la circulación de mercancías y la reproducción del capital en distintas escalas.

Desde la perspectiva de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, los Desplazados Forzados Internos (DFI) son aquellas “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano”.[1]

Bajo este referente y dejando fuera los desplazamientos provocados por desastres naturales, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en su reciente publicación,[2] estima, que entre 2011 y 2017, 8.7 millones de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno. Esto debido a la violencia generalizada que se vive en el país (robo, extorsión, secuestro, desapariciones forzadas, asesinatos, persecución, violación, enfrentamientos o ataques de grupos armados, entre otros) en el marco de la “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”. De las 32 entidades federativas, se destaca el Estado de México con 18 por ciento, le siguen Jalisco con 9 por ciento, Veracruz y Guanajuato con 6 por ciento, Nuevo León y Michoacán con 5 por ciento y Puebla con 4 por ciento. Lo relevante de este fenómeno es que alrededor del 70 por ciento de la población desplazada corresponde a zonas urbanas, y sólo el 30 por ciento al área rural. La diferencia es que en las zonas urbanas, por lo regular, el desplazamiento se da de manera individual o familiar, es más silencioso. Mientras que en las áreas rurales los desplazamientos suelen ser masivos.

Esta cifra de desplazados equivale al 7 por ciento de la población nacional y es equiparable a la población total de los estados de Chiapas y Oaxaca. Se trata de una población mayormente asalariada, empleados de empresas, profesionistas, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, obreros y en menor medida campesinos. A pesar de que dicho dato se obtuvo a través de fuentes oficiales, revela la dimensión que ha adquirido el desplazamiento forzado en el territorio nacional. Para el caso de Chiapas, la cifra de desplazamiento forzado asciende a 206 mil personas, equivalente al 2.3 por ciento del total nacional.

A partir de 2014, la CMDPDH empezó a registrar los casos de desplazamiento forzado masivo, dado la escasez de instituciones que registren este fenómeno. Una limitante es que lo realizó a partir de aquellos eventos que afectaran al menos a 10 familias ó 50 personas reportados principalmente en la prensa nacional. De esta manera logró estimar que en el periodo de 2006 a 2017 fueron desplazadas de manera forzada y masiva al menos 329,917 personas.[3] Esto como consecuencia directa de la violencia provocada por enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y narcotraficantes, ataques armados en contra de la población derivados de conflictos agrarios, políticos y territoriales, y desalojos con violencia por parte de policías y militares ocasionados por proyectos de desarrollo o megaproyectos. Este tipo de desplazamiento se ubica mayormente en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas.

Uno de los testimonios recogidos por la CNDH en la Sierra de Totolapan, Guerrero, nos ofrece un panorama de este padecimiento: Fuimos desplazados por la delincuencia organizada. Somos 58 familias, y entre esas 58 familias llevamos 27 muertos y 3 desaparecidos. Fuimos atacados a nuestras casas. Llegaron 5 veces a atacarnos en las casas. Ahí mataron, son 27. Una niña de 8 años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí. (cursivas en el original). [4] Este testimonio es sólo uno de los miles que deambulan en buena parte del territorio nacional, y muestra algunos elementos que encubren las causas del desplazamiento forzado del siglo XXI. Que a diferencia de décadas pasadas, donde el origen se enfilaba a conflictos agrarios, religiosos y políticos,[5] ahora tienden más al control territorial, al despojo de las condiciones de vida y a la intensificación de la explotación de los recursos naturales.

Para 2017, la CMDPDH registró 25 episodios de desplazamiento forzado masivo en ámbito nacional, donde participaron directamente grupos armados organizados, arrojando un saldo de 20,390 personas desplazadas. Cabe destacar que de dichos episodios cuatro correspondieron al estado de Chiapas, a los municipios de Chalchuihuitán, Chenalhó, Oxchuc y Venustiano Carranza, donde el conflicto dejó al menos 6,090 personas desplazadas.[6] Aunque las causas de estos conflictos fueron catalogados como agrarios, territoriales y políticos, en todos intervinieron grupos armados o paramilitares, así como el ejército, la policía sectorial y ministerial. Pues es sabido que en Chiapas -al igual que en otros estados-, después del 1 de enero de 1994, con la insurgencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, en los desplazamientos forzados masivos han operado y siguen operando viejas y nuevas estructuras del Estado.

Con estos acontecimientos Chiapas volvió al escenario nacional e internacional de los desplazamientos forzados, sobre todo por la reactivación del “conflicto agrario” entre Chenalhó y Chalchihuitán. Aunque ya desde 2013 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas había denunciado el desplazamiento forzado de un grupo de personas del ejido Puebla, del municipio de Chenalhó. Pues entre las víctimas estaban dos bases de apoyo del EZLN, mientras que, entre los perpetradores se ubicaban miembros que participaron en 1997, “en complicidad con funcionarios de los tres niveles de gobierno y las fuerzas de seguridad pública en operaciones contrainsurgentes que derivó en la Masacre de Acteal”.[7]

Del mismo modo, en 2016, la disputa por la Presidencia municipal de Chenalhó y la actuación de grupos paramilitares provocó el desplazamiento forzado de 972 personas. En tanto que para 2018, con la reactivación del “conflicto agrario” entre Chenalhó y Aldama, y la consecuente operación de grupos de paramilitares, fueron desplazadas aproximadamente 2,036 personas pertenecientes a cuatro comunidades del municipio de Aldama.[8] Resaltando que entre las víctimas también se encuentran bases de apoyo del EZLN. Estos casos no son los únicos de Chiapas, existen otros en varios municipios, pero su peculiaridad y similitud en el modus operandi a otros estados de la república arrojan señales de la escalada de una guerra a mediana y alta intensidad.

Desde esta perspectiva, no es que el Estado no vea las graves violaciones de los derechos humanos y de las garantías individuales y colectivas que encierra el fenómeno del desplazamiento forzado, ya que éstas han sido argumentados por distintas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos. El detalle es que ningún Estado puede juzgarse a sí mismo ni actuar en contra de sus propios intereses. Lo que explica porque hasta ahora el ejercicio de la justicia, en la mayoría de los casos, están permeados de impunidad e indiferencia. De hecho, miles de desplazados aún continúan luchando para que se les haga justicia, o mínimamente se les atienda de acuerdo a los principios de nuestra Constitución y de los lineamientos internacionales de derechos humanos. Una situación, que al igual que otros tipos de violencia, pone en cuestionamiento el aclamado Estado de derecho y la existencia de una democracia real.

 

* Doctorante de la Universidad Autónoma Chapingo y colaborador del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica del Cesmeca. Correo electrónico: pepe_cielo@hotmail.com

[1] Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. “Intensificación de la promoción y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la cuestión del programa y los métodos de trabajo de la Comisión Derechos Humanos, Éxodos en masa y personas desplazadas”. Consejo Económico y Social. Organización de Naciones Unidas. 1998. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf

[2] Pérez Vázquez, Brenda Gabriela, Barbosa Magalhães, Lígia de Aquino y Castillo Portillo, Montserrat (2019). Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-entre-la-invisibilidad-y-el-abandano-acercamiento-cuantitativo-al-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico.pdf

[3] Informe 2017. Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/

[4] Informe especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México (2016). Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

[5] Velázquez Moreno, Ana Laura (2017). Desplazamiento interno por violencia en México. Causas, consecuencias y responsabilidades del Estado. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

[6] Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Informe 2017. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

[7] https://frayba.org.mx/cinco-integrantes-del-ejido-puebla-una-de-ellos-con-su-familia-retornan-bajo-amenazas/

[8] https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/23/piden-a-gobierno-atender-crisis-humanitaria-por-desplazados-de-chiapas-7750.html

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