Frente al derecho de fuga, el derecho a permanecer: de las protestas en Honduras al prolongado golpe de Estado en Venezuela

A pie, o en autobús, migrantes de Honduras recorren 2 mil kilómetros que los separan de Estados Unidos. Foto: Rubén Escobar

Por Pablo Uc[i]

A cuatro meses de la última gran caravana migrante que partió de San Pedro Sula, Honduras, rumbo a México y Estados Unidos, resultan casi inaprehensibles las cifras –y sus ambiguas certezas- sobre las personas que transitan el “territorio mexicano”; así como el número de personas que permanecen en la frontera México-Estados Unidos –confuso paraíso perdido en las márgenes de Tijuana-; de quienes han solicitado el estatus de refugio a las autoridades mexicanas o el asilo político al prepotentes gobierno estadounidense. Por no nombrar las casi incorpóreas cifras de las personas desaparecidas, invisibles peregrinos –fugitivos, aventureros, laburantes en defensa de la vida que les queda, perseguidos, etc.- de territorios que desbordan las fronteras[ii].

Centroamericanidad, Caribe y africanidad desbordan la frontera sur de México, y la rosa de los vientos se agita sin mesura en el istmo transoceánico. Una geografía migratoria que pone de cabeza la geografía política de las naciones y sus fronteras parece plantear nuevos “territorios (post)nacionales”. Frente a tal condición de crisis, las preguntas sobre las razones que explican el éxodo, parecieran perder peso ante una perspectiva que otorga centralidad a la subjetividad y a la decisión individual de quienes migran. Mientras se desdibujan las causas estructurales que obligan a dejar el territorio de origen. El derecho de fuga, según Sandro Medrazza, implica una pulsión de dominación, tanto como de liberación[iii].

Las causas primarias para explicar la fuga se disuelven ante el derecho mismo de migrar, y las condiciones específicas e individuales de quien parte rumbo a su nuevo destino. La desestructuración del tejido comunitario en las comunidades de origen queda en un segundo plano, pero… ¿Cómo abordar las interrogantes sobre quienes se quedan? ¿Cómo re-situar en el gran escenario del éxodo a quienes siguen constituyendo la sociedad civil de aquellos espacios arrasados por el modelo de exportación de mano de obra, enquistadas estructuras de corrupción, autoritarismo, violencia y desempleo? ¿Cómo contraponer al derecho de fuga el derecho a permanecer? ¿Quiénes y bajo qué consignas se sigue defendiendo una ilusoria ciudadanía en San Pedro Sula, Tegucigalpa, San Salvador, Ciudad Guatemala, Puerto Príncipe, Managua, La Habana… Caracas?

Los acontecimientos recientes de protesta y desobediencia civil en Honduras y la última fase del prolongado golpe de Estado en la cuasiinacabable crisis general de Venezuela, representan dos contrapuntos relevantes sobre la situación que experimental la región centroamericana y caribeña y sus sociedad, en tiempos de éxodo.

¿Y la  sociedad civil hondureña? ¡Está viva! Protestas, desobediencia civil

Desde que el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya se impuso como principio de excepcionalidad en el quehacer político en Honduras, hace una década, comenzó una crisis prolongada que fue desdibujando, aparentemente, la potencia política de la sociedad civil en el pequeño país centroamericano; histórico enclave de la geopolítica intervencionista estadounidense y de los devastadores modelos de monoproducción que han transitado de la imposición de repúblicas bananeras a repúblicas maquiladoras y monoproductoras de palma africana.

En el contexto de ejecución del golpe de Estado de 2009, la imposición de un presidente interino y unas opacas elecciones, emergió un movimiento de resistencia nacional que constituyó un brazo político electoral: el partido Libertad y Refundación. Cíclicamente, la sociedad hondureña, en paralelo a la desbandada migratoria, ha reaccionado en las calles de las principales ciudades contra una creciente estructura de impunidad y corrupción, así como de oposición indignada ante el flagrante secuestro de las instituciones y fraudes electorales. Mientras que en regiones rurales de la costa atlántica, han emergido movimientos garífunas e indígenas emblemáticos a nivel mesoamericano, por su tenaz resistencia a megaproyectos extractivos.

Un ciclo de protestas urbanas fue inaugurado en 2015: crecientes mareas de población con antorchas tomaron las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, exigiendo poner fin a la colusión entre la cúpula política-empresarial y el saqueo de fondos públicos. Mientras la ciudadanía guatemalteca exigía la dimisión del presidente, Otto Pérez Molina, la sociedad hondureña replicaba la demanda de crear una Comisión contra la Impunidad, que fue lograda bajo el nombre de Misión de Apoyo en la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) promovida al “amparo” de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El implacable grito popular de “afuera JOH” (refiriéndose al presidente Juan Orlando Hernández) fue disminuyendo hasta reaparecer en el contexto electoral de noviembre de 2017, que impuso la reelección de Hernández en un contexto de evidente fraude electoral y de desconocimiento no sólo popular, sino también de la Misión de Observación Electoral de la misma OEA. El fraude electoral y la imposición de una reelección inconstitucional, no sólo arrebataron la presidencia a la Alianza de Oposición contra la Dictadura, también causaron una profunda frustración para la ciudadanía hondureña y su apuesta por las instituciones nacionales. Las protestas fueron sofocadas violentamente, mientras se robustecía un Estado de excepción, fincado en una absurda militarización de la seguridad pública y el establecimiento arbitrario de toques de queda[iv].

La sociedad civil, fuertemente indignada, reapareció a pesar de todo el pasado mes de abril, cuatro meses después de que una nutrida caravana de más de 7 mil personas comenzara su éxodo –justificado por el gobierno estadounidense y hondureño como producto de manipulaciones y financiamientos provenientes del gobierno venezolano-[v]. ¿Qué motivó la reemergencia de una sociedad civil tan indignada y a su vez tan decepcionada del Estado de derecho y la clase política? Fue la defensa de la salud y la educación pública, así como su repudio a la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación. Lo que comenzó como un paro de labores de profesores/as y trabajadores del sector salud, se convirtió en una batalla campal en las calles de Tegucigalpa, el incendio de edificios y detenidos, finalizando en un ultimátum del gremio docente y del sector salud al Parlamento nacional: la derogación de la Ley o un paro nacional para el próximo martes 7 de mayo. Los acontecimientos futuros marcarán su propio rumbo, lo cierto es que frente al derecho de fuga, cabe reconocer el derecho a permanecer y sostener los mínimos referentes de ciudadanía en un país que no concluye su historia en el éxodo migratorio.

 

Éxodo y doctrina del shock… el cerco a la sociedad venezolana

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Colombia ha recibido el mayor número de refugiados y migrantes venezolanos, desde el 2017. De acuerdo con un informe presentado por la OIM en abril de 2018, en 2017 Colombia recibió 600,000 venezolanos/as, seguido de EEUU (290,000); España (208,000); Chile (119,000); Argentina (57,000); Italia (49,000); Panamá (36,000); Ecuador (39,000). América Latina y el Caribe es la región de mayor acogida, al recibir 2,4 millones de refugiados y migrantes venezolanos, mientras que el resto se reparten en otras regiones del mundo[vi]. Se trata del movimiento migratorio por razones políticas y económicas  más grande en la historia reciente de la región, enfrentado a una intervención de múltiples actores internacionales. Las condiciones para la sociedad venezolana son adversas y su capacidad para la defensa de su ciudadanía primordial se encuentra cercada por el hostil escenario geopolítico al que han sometido toda acción real de soberanía nacional.

La última arremetida del prolongado golpe de Estado a través de la eufemística Operación “Libertad” iniciada el pasado mes de enero contra el régimen de Nicolás Maduro, operada por Juan Guaidó, diseñada por el gobierno de Estados Unidos y respaldada por los países del Grupo de Lima, comenzó en la madrugada del pasado martes 30 de abril. Junto con la liberación simbólica del líder opositor al régimen de Maduro, Leopoldo López -quien se refugió inmediatamenteen la embajada de España- Guaidó exhibió una ficticia intentona de sublevación militar e hizo un llamado a la ciudadanía para asistir a las bases militares y presionarles para apoyar el golpe de Estado. No obstante, la estrategia de nuevo falló: de los 300,000 efectivos que componen la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Departamento de Estado norteamericano asegura que existen 1,500 disidentes de bajo rango, mientras que otras fuentes aseguran que apenas se registran 400 militares en condición de refugiados o en la frontera con Colombia; mientras que Brasil solo reporta que 25 milicianos han solicitado asilo político[vii]. Por su parte, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, pieza clave a la que EEUU no ha logrado dislocar para la ejecución del golpe de Estado, ha asegurado que los altos mandos de las Fuerzas Armadas siguen alineados con el gobierno de Maduro[viii].

Frente a tales circunstancias, la sociedad venezolana se enfrenta a una sofisticada doctrina del shock. Por un lado, atraviesa un crítico cerco político constituido por el brutal desabastecimiento de víveres y medicamentos básicos -real y especulativo-, bloqueo económico, una creciente persecución política interna, represión sistemática y bombardeos mediáticos constructores de pánico. Por otro lado, la crisis venezolana se ha convertido en el casus bellique reordena las posiciones de la geopolítica internacional focalizada en el Caribe, condicionando la operación intervencionista que encabeza EEUU -y su estratégico antagonismo con Rusia- y estructurando la diplomacia latinoamericana -el Grupo de Lima- e internacional –Grupo de Contacto Internacional[ix]. Escenario en el que destaca el protagonismo de Colombia (primer puente para la escalada de intervención militar) y el gobierno español, históricamente hostil al régimen bolivariano y portador de los intereses petroleros de las empresas hispanas, enfocadas en recuperar el control energético de la franja del Orinoco.

Mientras, el gobierno mexicano –en cierta sintonía con la diplomacia uruguaya- defiende el principio de no intervención y experimenta los costos de una neutralidad activa.  En todos los casos, la sociedad estratificada y polarizada sociedad venezolana es despojada de su derecho a ejercer ciudadanía y al principio de soberanía elemental: permanecer en su elegir o refrendar a sus gobernantes,

Tras el llamado del 30 de abril, los medios globales posicionaron el tema Venezuela y tomaron el pulso de la política internacional entorno al país caribeño. Ante la frustración de la operación fallida que llamó a una nueva fase del prolongado golpe de Estado, la sociedad venezolana, en particular la clase media y (ex)empresarial, se enfrenta al secuestro de su accionar político, y el derecho a constituirse como sociedad civil, no sólo para elegir a sus líderes y otorgarles la legitimidad real sino para permanecer en su país. Mientras, las bases bolivarianas, convertidas en cuadros políticos “fieles” al régimen, si bien detentan un poder bélico popular, se debaten ante la frágil postura de las Fuerzas Armadas y la creciente fragmentación social. La legitimidad se encuentra enclaustrada: el régimen de Maduro y la decadente revolución bolivariana se sostiene elementalmente por la estructura militar y su frágil diplomacia de alianzas regionales –Cuba y Bolivia- e internacional –Rusia, Turquía y China-.

En este contexto, el derecho de fuga en Venezuela proyecta un ascenso proporcional a mediano plazo, y aunque pareciera casi imposible, será de la polarizada sociedad venezolana que resiste en la cotidianidad de la crisis y en las propias calles, de quienes dependerá el derecho a permanecer en tiempos de éxodo y defender una imaginaria soberanía.

[i]Investigador en el Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA) del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA). Contacto: pablo.uc@unicach.mx

Referencias

[ii]Caben destacar, sin embargo, los informes elaborados por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano: “Informe del Monitoreo de Derechos Humanos del Éxodo Centroamericano en el Sureste Mexicano” (2019); el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): “Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (2018); y el de la OIM-ONU: “Informe de Situación América Central. Programa de retorno voluntario asistido” (Marzo, 2019).

[iii]Mezzadra, Sandro (2005) Derecho de fuga Migraciones, ciudadanía y globalización, Madrid: Traficantes de Sueños. 

[iv]Salomón, Leticia (2018) “Indignación y crisis política en Honduras”, en Nueva Sociedad, enero-febrero.

[v]“Acusan a Venezuela de haber financiado la caravana de migrantes hondureños”, Agencia EFE (23.10.2018), disponible en el sitio web: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/acusan-a-venezuela-de-haber-financiado-la-caravana-migrantes-hondurenos/20000013-3790120

[vi]“ONU cifra en 3 millones los exiliados venezolanos”, en El País-Mundo(09.11.2018), disponible en el sitio web:  https://www.elpais.com.uy/mundo/onu-cifra-millones-exiliados-venezolanos.html

[vii]“¿Con quién están ahora mismo los militares de Venezuela?”, en Huffpost, disponible en el sitio web:  https://www.huffingtonpost.es/entry/militares-venezuela-apoyo-maduro-guaido_es_5ccbfa4ee4b0d12395513345?utm_hp_ref=es-venezuela

[viii]“Venezuela Crisis: Guaidó Calls for Uprising as Clashes Erupt”, en New York Times(30.04.2019) disponible en el sitio web: https://www.nytimes.com/2019/04/30/world/americas/venezuela-coup-guaido-military.html

[ix]El Grupo de Limafue conformado en 2017 por 12 países de la región: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras,  Panamá, Paraguay, Perú y México, aunque este último asumió una postura de neutralidad y no continuó con la política de presión que asumieron el resto de países firmantes en la más reciente coyuntura de crisis. Mientras que el Grupo de Contacto Internacional (GCI) fue impulsado en 2019 por la Unión Europea y Uruguay, y está integrado por Alemania, Francia, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido, así como Bolivia, Ecuador, Uruguay y Costa Rica. Busca integrar a Cuba y México.

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