Nicaragua: clausura democrática y disputa hemisférica

Por Jesús Gómez Abarca[1]

El 19 de julio de este año, durante el aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega anunció que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” para que sus adversarios pudieran “atrapar el Gobierno” y “atrapar el poder”. Antes había acusado a Estados Unidos de financiar partidos y de promover las jornadas de protesta de 2018. También ordenó levantar un “muro” legal contra quienes el oficialismo define como golpistas y vendepatrias. El mensaje enlazó tres asuntos: la continuidad del régimen, la eliminación definitiva de la competencia política y la confrontación con Washington. Días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, intentó matizar y precisar las palabras de Ortega. Aseguró que seguirá habiendo elecciones, aunque dejó claro que la ley excluirá a quienes el oficialismo considere “golpistas”, “vendepatrias” o vinculados con intereses extranjeros.

La reforma constitucional presentada por Porras el 28 de julio confirmó esa dirección. El oficialismo propone periodos presidenciales de siete años “renovables”, junto con la inhabilitación de quienes hayan participado directa o indirectamente en las protestas de 2018 o en actividades calificadas por el régimen como intentos de golpe de Estado. El Consejo Supremo Electoral tendría facultades para cancelar candidaturas y retirar la personalidad jurídica de partidos. Aunque todavía no se sabe si la renovación requerirá alguna votación formal o bastará con una ratificación del aparato estatal, la permanencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo dejaría de depender de una competencia entre candidatos.

El anuncio es grave, pero no inaugura una nueva etapa ni sorprende a quienes han seguido la deriva autoritaria nicaragüense. Hace explícito lo que el régimen venía construyendo desde hace años: la continuidad de Ortega y Murillo queda fuera de la competencia electoral. Desde el regreso de Ortega al gobierno en 2007, el Ejecutivo fue subordinando la justicia, el órgano electoral, la Asamblea Nacional y las administraciones locales. Durante varios años se conservó una fachada competitiva: había votaciones periódicas y partidos opositores, aunque las reglas favorecían cada vez más al Frente Sandinista. La erosión fue gradual hasta que la alternancia dejó de ser una posibilidad efectiva.

Cabe recordar que abril de 2018 representó un punto de quiebre. La represión, ampliamente documentada por organismos de derechos humanos, sofocó las protestas y redujo drásticamente el espacio público. Después de la violencia letal, las detenciones arbitrarias y la persecución vinieron el cierre de medios, universidades y organizaciones civiles. Entre 2020 y 2021, las leyes sobre agentes extranjeros, ciberdelitos, soberanía y materia electoral convirtieron ese control en un sistema jurídico. En 2023, el destierro, la pérdida de nacionalidad y la confiscación de bienes llevaron el castigo más allá de las cárceles y las fronteras. Finalmente, la reforma constitucional aprobada en primera legislatura en noviembre de 2024 y ratificada en enero de 2025 estableció la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo y subordinó aún más los órganos del Estado al Ejecutivo.

La propuesta de Johannes Gerschewski sobre los tres pilares de la estabilidad autoritaria ofrece claves para entender esta trayectoria. Los regímenes no se sostienen únicamente mediante la fuerza: combinan legitimación, represión y cooptación para producir aceptación, contener la disidencia e incorporar a actores estratégicos.

La legitimación ya no depende principalmente de las victorias electorales. El gobierno nicaragüense coloca en su lugar la defensa de la soberanía, la paz, la estabilidad, los programas sociales y la continuidad de la Revolución. La fórmula del “Pueblo-Presidente” expresa ese cambio: el pueblo deja de ser una ciudadanía plural que puede escoger entre alternativas y pasa a identificarse con el gobierno, el partido y la familia gobernante. Bajo esa lógica, una derrota electoral no sería una alternancia legítima, sino la entrega de las conquistas populares a enemigos internos dirigidos desde Estados Unidos.

La represión dejó de ser una respuesta excepcional frente a las protestas y se convirtió en una forma permanente de gobierno. La vigilancia, el encarcelamiento, el cierre de organizaciones, la confiscación, el destierro y las restricciones documentales operan como una política sistemática de intimidación y desmovilización de la oposición, dentro y fuera del territorio nicaragüense. Llamar golpista, vendepatria o agente extranjero al adversario político permite excluirlo sin reconocerlo como competidor. La diferencia política se convierte así en una amenaza contra la nación.

La cooptación completa el dispositivo. El régimen no necesita eliminar todos los partidos ni todas las organizaciones. Puede conservar actores dispuestos a participar dentro de límites estrictos, distribuir cargos y recursos y mantener una apariencia de pluralismo. Se puede colaborar con el gobierno, movilizar simpatizantes o administrar instituciones. Lo que no se permite es construir una alternativa capaz de sustituirlo. La participación permanece, pero convertida en adhesión regulada.

El anuncio y la reforma tienen también un alcance internacional. En el contexto del reordenamiento hemisférico bajo la segunda administración de Donald Trump, Ortega y Murillo envían un mensaje a Estados Unidos y al sistema interamericano: la continuidad del régimen no será materia de negociación. Managua busca que los actores externos abandonen la expectativa de una apertura asociada a las elecciones de 2027 y acepten la copresidencia como un hecho consumado. En lugar de ofrecer reformas para reducir la presión, el gobierno retira de la discusión la cuestión principal: quién puede gobernar Nicaragua.

La respuesta de Washington fue rápida. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos no permanecería de brazos cruzados y relacionó la represión nicaragüense con una inestabilidad que amenaza la seguridad nacional estadounidense. Poco después, la misión de Estados Unidos ante la OEA solicitó una reunión extraordinaria de cancilleres y presentó un proyecto de resolución. El documento no se limita al derecho a elegir. Incorpora el exilio forzado, la migración, la persecución fuera de Nicaragua, los acuerdos financieros del régimen y la presencia de actores extrarregionales con actividades militares o de inteligencia.

No es la primera vez que Washington presenta la situación nicaragüense como un problema de seguridad. En 2018, la primera administración Trump declaró una emergencia nacional al considerar que el desmantelamiento de las instituciones democráticas, la violencia contra civiles y la desestabilización interna constituían una amenaza extraordinaria para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. La política Trump 2.0 reactiva esta lectura, la amplía e intenta proyectarla hacia el sistema interamericano.

La diferencia actual reside en la convergencia de dos movimientos. Ortega y Murillo avanzan desde unas elecciones sin competencia hacia una estructura constitucional que puede prescindir de ellas para renovar el poder. Washington, por su parte, integra la crisis democrática, la migración, los derechos humanos, la seguridad regional y las relaciones de Managua con China, Rusia y otros actores externos en una misma definición estratégica del problema nicaragüense. La crisis electoral pasa así a formar parte de una disputa más amplia por el orden hemisférico.

Esta definición del problema puede aumentar el aislamiento del régimen, pero no resuelve hasta dónde puede llegar la presión externa. Nicaragua mantiene una relación estrecha con Estados Unidos mediante el comercio, las remesas, la migración, los vínculos familiares y el CAFTA-DR. Esa interdependencia proporciona a Washington instrumentos importantes, pero también encarece su utilización. Medidas más severas podrían elevar los costos para Ortega y Murillo, aunque también afectarían a trabajadores, cadenas productivas centroamericanas y flujos migratorios. El régimen parece apostar precisamente a esa restricción: supone que Estados Unidos puede sancionar funcionarios, ampliar el aislamiento y promover condenas multilaterales, pero tendrá mayores dificultades para alterar el equilibrio interno sin provocar consecuencias regionales que también busca evitar.

La presión externa proporciona, además, recursos al discurso oficial. Cada sanción puede incorporarse a la narrativa de asedio y cada vínculo internacional de la oposición puede presentarse como prueba de traición. Esto no vuelve irrelevantes las sanciones, pero muestra que sus efectos no son lineales: pueden reducir recursos y movilidad del régimen y, al mismo tiempo, fortalecer la justificación soberanista de la represión.

El cierre interno también desplaza la actividad política hacia el exterior. El exilio, las diásporas, el periodismo independiente y las organizaciones de derechos humanos mantienen la denuncia en Costa Rica, Estados Unidos, España, México y otros espacios. El gobierno expulsa a los actores críticos del territorio y traslada el disenso hacia escenarios transnacionales, donde adquiere otras formas de organización e incidencia.

Las nuevas reformas tampoco inauguran el autoritarismo nicaragüense ni la lectura estadounidense de Nicaragua como amenaza regional. Cierran una trayectoria interna y ponen a prueba una política exterior. Ortega y Murillo buscan eliminar la elección como fuente periódica de incertidumbre antes de que la presión internacional vuelva a organizarse alrededor de los comicios de 2027. Washington ha endurecido el lenguaje y trasladado el asunto a la OEA, pero todavía no ha mostrado una herramienta nueva capaz de modificar el control interno del régimen.

En términos internacionales, las “no elecciones” condensan ese cálculo. Managua intenta convertir la continuidad de Ortega y Murillo en un hecho constitucional antes de que Estados Unidos decida hasta dónde está dispuesto a presionar. La segunda administración Trump puede elevar costos y aumentar el aislamiento, pero por ahora sus instrumentos siguen orientados principalmente a sancionar y contener. Mientras no exista una estrategia capaz de reabrir el campo político interno, el régimen seguirá apostando a que su permanencia será costosa, pero sostenible.

[1] Profesor-investigador del CESMECA-UNICACH. Integrante del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica.