En entredicho, independencia de instituciones electorales

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Los titulares de los organismos electorales de los estados rechazan con vehemencia la propuesta de los partidos de incluir en la reforma política la creación de un Instituto Nacional Electoral (INE). Lo hacen a título personal para conservar su bien remunerado empleo y seguramente por “sugerencia” de los interesados en seguir influyendo en las decisiones fundamentales de las instituciones encargadas de organizar los comicios, contar los votos y emitir los resultados finales.

Arguyen razones monetarias y políticas. Afirman que su existencia resulta menos onerosa que crear un organismo central y que son independientes del Poder Ejecutivo; es decir, aseguran que son viables económicamente y que las elecciones efectuadas bajo su gestión son transparentes, equitativas, legales y legítimas.

En el caso de Chiapas, el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Adrián Sánchez Cervantes, defiende la postura que sostiene que las instancias electorales estatales “no están sometidas a los designios de gobernadores en turno, porque la prueba es que llevamos ya en el país en los últimos 20 años en más de 24 estados de la República alternancia en el Poder Ejecutivo, y más del 97 por ciento de los municipios en México –en las dos últimas décadas— también ha tenido alternancia política”.

Sin embargo, sus argumentos son cuestionables porque hay evidencias recientes que muestran una realidad contraria a la que desea ilustrar. Hablar de genuina alternancia en el poder es una falacia en un sistema donde las lealtades partidistas están pulverizadas y el “Gran elector” sigue manipulando la vida interna de los partidos e interviene incluso en la designación de los candidatos. El hecho de que en las dos últimas elecciones para gobernador hayan ganado los aspirantes de diferentes siglas, habla de una alternancia formal, de etiqueta, pero no de un auténtico recambio en los funcionarios que gobiernan ni en los programas que se aplican. Y, salvo casos excepcionales, lo mismo sucede en las alcaldías de los principales municipios del estado.

No se puede hablar de real alternancia cuando de entrada los partidos renuncian a su papel de oposición cuando no están en el poder y sí se esmeran por condescender con quien lo detenta; no puede haberla si tampoco son autónomos en sus decisiones trascendentales y toleran la injerencia de actores externos.

Sánchez Cervantes, por otra parte, dice que los órganos electorales son independientes, que actúan sin ataduras ni compromisos ajenos a la institución, pero su afirmación no se sostiene. Si bien en la ley al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se le define como “un organismo público del Estado, autónomo, permanente, independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios…”, lo cierto es que esas características soberanas quedan en tela de juicio si se contrastan con lo que sucede en los hechos. Desde su integración empiezan a surgir dudas. No obstante que los consejeros del IEPC no son propuestos por el Ejecutivo sino por las fracciones parlamentarias del Congreso, la subordinación de éste al gobernador en turno le resta credibilidad y legitimidad a las designaciones. Y si a esto añadimos decisiones institucionales que favorecen a los candidatos afines al oficialismo, o bien actos de dudosa transparencia antes, durante y después de los comicios (campañas adelantadas, inducción y compra de voto y violación a los topes de campaña), la noción de autonomía queda por los suelos.

Bajo estas circunstancias, los alegatos de independencia de los institutos electorales de los estados y de la alternancia en el poder, no son suficientemente sólidos para oponerse al Instituto Nacional Electoral, entre cuyos argumentos fundacionales está el de impedir el avasallamiento de los gobernadores sobre los órganos encargados de organizar el derecho primordial de los ciudadanos en una democracia: elegir libre, legal y legítimamente a sus gobernantes. Aunque para ser justos, habría que analizar si con el ente que se propone no se le estaría quitando poder de injerencia a los “virreyes” para dárselos al “rey”, es decir, al presidente de la República, contribuyendo así a la restauración del presidencialismo autoritario que tanto se ha combatido en México.

De acuerdo con la tendencia de democratización del sistema político, lo más congruente sería que las instituciones electorales permanecieran descentralizadas, alejadas de la intromisión directa de autoridades federales. Sin embargo, para romper con las inercias y descontaminar de influencias, herencias y vicios a los institutos locales, lo conducente sería proceder a su desaparición para refundarlos en lo inmediato con leyes más claras, con “candados” más resistentes a la injerencia externa y con nuevos integrantes: ciudadanos de probada independencia, ética y probidad personal, comprometidos con las causas democráticas y no con los partidos o grupos de poder.

Por supuesto, nada de esos cambios será posible si no construimos una sociedad informada, enérgica y demandante que exija a los políticos y funcionarios cumplir sus obligaciones que tienen para con ella.

RUMORES DE GRAVEDAD.- Dentro de los factores de inestabilidad que afectan al estado, circula en las redes sociales el rumor de que el gobernador Manuel Velasco padece una enfermedad incurable. Supuestamente, un colaborador de un integrante del equipo médico del mandatario le reveló la noticia al abogado Horacio Culebro Borrallas, que de ser cierta debe causar preocupación dentro y fuera de la administración estatal. El principal interesado en confirmar o desmentir esa información que se divulga masivamente, debería ser el propio Ejecutivo pues refuerza el otro rumor que advierte sobre la próxima renuncia de Velasco al cargo para irse como embajador a Brasil. El asunto de la salud de los gobernantes tradicionalmente se ha manejado con reservas, en la secrecía, aunque en caso de un padecimiento grave la tendencia actual es que la situación se haga del conocimiento de la gente para solucionar sus implicaciones de manera institucional. En este sentido, si no se llena el vacío de información, lo que podría pensarse es que está en marcha un complot de grupos políticos que desean asaltar el poder o bien que hay una estrategia oficial que busca recuperar un poco el consenso social perdido a través de un mecanismo que genere solidaridad o compasión de los ciudadanos hacia el gobernante.

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