Indulto, ¿llave para la libertad de Patishtán?

La llave que podría abrirle la puerta de la libertad al profesor chiapaneco Alberto Patishtán, condenado a 60 años de prisión por homicidio múltiple, se elaboró en el Senado de la República. El miércoles 23 el pleno legislativo aprobó adicionar al Código Penal Federal un artículo 97 bis en el que el Congreso de la Unión pueda solicitar al presidente de la República el indulto a un preso sentenciado —y no peligroso para la sociedad—, cuyo proceso judicial registró irregularidades.

Él —Patishtán—­, su defensa, sus familiares, organizaciones civiles, personalidades políticas, Amnistía Internacional y las pruebas presentadas a su favor, aseguran que es inocente de haber matado en el 2000 a siete policías del municipio de El Bosque, pues no estuvo en el lugar de los hechos. Pero, pese a las evidencias en contrario, la justicia mexicana sigue sosteniendo que es culpable.

En marzo pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó reasumir su competencia para conocer el incidente de reconocimiento de inocencia que promovió el acusado. A los magistrados les pareció un caso irrelevante, sin “peculiaridades excepcionales y trascendentes”, desprovisto de “novedad o complejidad”, por lo que se lavaron las manos y lo remitieron al Tribunal Colegiado de Circuito en Tuxtla para que diera la resolución definitiva. La postura judicial, sin embargo, no cambió un ápice. Fueron insensibles a las manifestaciones de solidaridad con el maestro preso desde hace 13 años, pero sobre todo, los magistrados del Tribunal traicionaron sus principios y se negaron a enmendar un evidenciado acto de injusticia: ratificaron la sentencia de 60 años.

Frente a esta aberración y ante el agotamiento de las instancias judiciales, se habló de explorar  vías alternas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo; o el indulto presidencial, salida inviable porque no se aplica en casos de delitos contra la vida y rechazada por Patishtán porque significaba admitir su culpabilidad.

Los senadores perredistas Angélica de la Peña y Zoé Robledo Aburto, presentaron entonces una iniciativa de ley de amnistía en favor de las personas presas por los hechos de violencia suscitados el 12 de junio de 2000 en la carretera Simojovel-El Bosque, pero tampoco ha prosperado.

La propuesta senatorial (Comisión de Justicia) que diversifica las causales del indulto –violación al debido proceso y a los derechos humanos—, renueva las esperanzas de libertad para el profesor y activista social. Sin embargo, para hacerse efectiva, primero tendrá que pasar la aduana de la Cámara de Diputados y luego hacer formalmente la petición al presidente.

De conseguirse la aprobación y la aplicación de la normatividad en el caso Patishtán, se habrá dado un paso importante en la construcción de mecanismos institucionales para enmendar los yerros del sistema judicial mexicano. Sólo restaría despejar la incógnita fundamental: ¿por qué, pese a las evidencias en contrario, el Poder Judicial decidió mantener la sentencia condenatoria? Quizá por venganza ante el activismo de Alberto Patishtán dentro de los reclusorios que exhibió las corruptelas de los jueces al tener que liberar a varios reos inocentes; o bien por el “trauma” producido por el caso de la francesa Florence Cassez que exhibió las miserias del sistema de justicia.

DUELO DE RADICALISMOS.- Para el gobierno de Chiapas el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, es el responsable de que no se resuelva el problema magisterial que está a escasos cuatro días de cumplir dos meses. Pero en realidad finiquitar el conflicto compete también a la Secretaría de Gobernación y al propio Enrique Peña Nieto, por sus implicaciones políticas y porque las demandas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación son de carácter federal. Los efectos sociales y económicos de la protesta docente se agravan y están impactando negativamente en la gobernabilidad del estado; por ello a Manuel Velasco le urge que se resuelva el paro y conmina a la SEP para que se lleguen a acuerdos inmediatos. Las medidas de contención tienen un límite, no pueden prolongarse por mucho tiempo sin que haya efectos perniciosos para todos. La CNTE le apuesta a la presión creciente, a la resistencia, está acostumbrada a tensar la cuerda al límite para conseguir sus objetivos; el gobierno federal opta por la cerrazón, la indiferencia y le apuesta a la inanición del movimiento magisterial, y en esa estrategia entran los descuentos y retención de pagos que aplica la Secretaría de Educación estatal. Pero en medio de esas posturas radicales, extremistas, quedan los alumnos, la sociedad como rehenes. Urge encontrarle salida al conflicto o en poco tiempo se pudrirá, y será más costoso el remedio. La represión policiaca será el último recurso que se use, aunque no hay que descartar la provocación. Si se desata la violencia sobrevendrá el caos. Es el momento en que la sociedad debe intervenir con energía, no para condenar y seguir ahondando la división, sino para exigir responsabilidad a los involucrados. Es la hora de los mediadores ciudadanos, de activar los mecanismos de defensa social. VIENE EL TOQUE DE QUEDA.- Muy complicada situación en el país ve venir Enrique Peña Nieto por sus reformas estructurales, que ya prepara su “tanqueta antimotines” legal para contener las protestas. Dentro del paquete de cinco iniciativas que envió al Poder Legislativo denominadas en materia de derechos humanos, destaca la reglamentación del artículo 29 constitucional, la cual dice tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades de las autoridades. El Ejecutivo propuso la suspensión de derechos y garantías en caso de registrarse la invasión y perturbación grave de la paz pública; afectaciones graves a la seguridad nacional; las afectaciones graves a la seguridad interior; y las afectaciones graves a la salud pública o desastres naturales o antropogénicos de gran magnitud e impacto a la población. LOS ÁLVAREZ PUGA EN EL NEGOCIO DE LA TINTA.- Detrás del nuevo periódico que pronto circulará en Tuxtla, dicen algunos políticos, están los hermanos Álvarez Puga, empresarios que brillaron y cayeron en desgracia durante el sabinato. “De acuerdo con la PGR, la empresa de ‘asesoría’ Álvarez Puga y Asociados, está siendo investigada además por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el IMSS, derivado de una práctica que se denomina «outsourcing» y que consiste en la evasión de responsabilidades fiscales para las empresas…Personajes ligados con la política, entre ellos José Antonio Aguilar Bodegas y Pablo Salazar Mendiguchía se encuentran dentro de la lista de personas vinculadas directamente con el despacho Álvarez Puga & Asociados”, dice una nota publicada por el diario de circulación nacional Crónica en febrero de este año.

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