Cleptocracia, gobierno y sociedad fallidos

Sabines PRD

Estamos a casi un año de la conclusión del gobierno de Juan Sabines Guerrero y aún no se deslindan responsabilidades sobre el escandaloso endeudamiento público, el desfalco financiero del estado y los presuntos actos de corrupción que se cometieron desde los más altos niveles del poder. El tiempo transcurre y con él se diluye la posibilidad de la rendición de cuentas a la que están obligados los gobernantes. No hay señal alguna de que se quiera sanear la vida política de Chiapas y en ese sentido todo parece indicar que la impunidad prevalecerá.

En marzo pasado, cuando las críticas por la depredación del erario y la inacción para indagar a los responsables estaban generando inestabilidad política, el Ejecutivo actual informó que autoridades federales y estatales investigaban ya la posible comisión de delitos durante la administración sabinista. Sin embargo, hasta hoy nada se ha sabido del curso que tomaron las supuestas pesquisas.

Un sector de la sociedad, indignado por el latrocinio de la clase política, se movilizó para demandar castigo y también contra las medidas impositivas que desesperadamente buscaban recursos de los contribuyentes para atenuar la quiebra económica de la entidad. No obstante, la energía social se desvaneció sin conseguir sus objetivos. El abogado y activista Horacio Culebro Borrallas, condensó el descontento de los chiapanecos en una denuncia formal contra Sabines y sus principales colaboradores, la cual fue presentada ante la Procuraduría General de la República, pero hasta ahora tampoco ha dado señales de éxito.

Mientras tanto, a la par que la protesta ciudadana se debilitaba y las instancias de procuración de justicia cumplían su papel de muro de contención, los mecanismos institucionales que aceitan y protegen la corrupción desde el poder, entraron en funcionamiento para legitimarla o desaparecer las principales huellas del atraco. El Congreso y su Órgano de Fiscalización Superior (OFSCE), ambos con fuerte herencia sabinista, han jugado un papel fundamental. El primero avalando la desaparición de dependencias bajo sospecha o convalidando obras de dudosa ejecución y viabilidad; y el segundo, “blanqueando” la cuenta pública del último año de la administración anterior.

El auditor Humberto Blanco Pedrero envió las observaciones del ejercicio del gasto de 2012 a la Comisión de Vigilancia del Congreso, presidida por el diputado del Verde Ecologista, José Ángel Córdova Toledo; pero el documento se ha mantenido en secreto pese a contener información trascendente y ser vital para la transparencia. Además de Córdova, son responsables de esta artimaña Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor y Emilio Salazar Farías, quienes por ser miembros de dicha comisión o integrantes del mismo partido, deben conocer el informe del OFSCE; y no queda exento el resto de los diputados, que a excepción de la perredista Alejandra Soriano Ruiz, han fingido demencia y no se han pronunciado para exigir el expediente de la cuenta pública que en algún momento tendrán que votar para aprobarla o, en su caso, rechazarla.

El desenlace de este asunto es fundamental para la mermada salud de las instituciones chiapanecas. Si no hay investigación sobre la corrupción pública que se le atribuye al sabinato y si se avala el saqueo de las arcas, se estaría convalidando la inmoralidad en el ejercicio del poder, así como su principal incentivo: la impunidad. Pero sobre todo, se estaría dándoles a los gobiernos en turno, pasaporte indefinido para la depredación de los recursos de una entidad tan necesitada de ellos para salir de la pobreza y el atraso ancestrales.

Estaríamos frente a un fenómeno de cleptocracia, ante un Estado fallido donde las instituciones dejaron de cumplir con su misión de buscar el bien común para satisfacer la avaricia de la élite gobernante; y, por supuesto, también tendríamos una sociedad, una ciudadanía fallida, porque no ha podido, no ha querido, o ha sido indiferente y condescendiente con la corrupción.

Es el momento de la autocrítica honesta y genuina, de analizar y comprender por qué hemos llegado a este punto de descomposición. Podemos pasarnos la vida echándoles la culpa a los políticos, pero la simple detracción no cambiará nada. Que abusan del poder, que trafican influencias, que velan primero por sus intereses, que malversan recursos o lo despilfarran, que manipulan la justicia y la venden, lo sabemos todos desde hace mucho tiempo.

El reto es construir una sociedad informada, politizada, conocedora de sus derechos y obligaciones, y a partir de ahí organizarse, explorar fórmulas creativas y más efectivas de protesta para influir en la toma de decisiones y presionar a los gobiernos a que cumplan con su obligación plasmada en la ley. Chiapas más que nadie, por su necesidad urgente de desarrollo, debe sacudirse de ese futuro pernicioso al cual se le ha condenado, actuando en el presente y visualizando un horizonte prometedor y justo.

En la agenda inmediata está aclarar lo que pasó en el sexenio anterior. Mientras no se salde este pendiente, hablar de transparencia y rendición de cuentas, es simple demagogia, simulación.

¡EN LA TORRE! Cuando ya los rumores habían construido su verosimilitud en la percepción de la gente, la Secretaría de Hacienda informó que el gobierno de Chiapas “es el legítimo dueño y propietario del predio, edificio Torre Chiapas, anexos y sus contenidos, así como del 100 por ciento de las acciones de la empresa de participación social denominada Sociedad Operadora Torre Chiapas S. A. de C. V., misma que se encuentra en proceso de extinción”. Agregó que la Torre “se convertirá en un área administrativa de la Secretaría de Hacienda, por lo que el gobierno de Chiapas determinó realizar la reestructuración total de la administración, operatividad y funcionalidad…”. Sin embargo, la aclaración no despeja todas las dudas que existen en torno a la construcción y el usufructo del inmueble. Falta conocer la historia previa a la decisión de disolver el  fideicomiso que le dio vida al edificio insignia del gobierno de Sabines. Hasta que se conozcan esos detalles habrá plena transparencia. Mientras tanto, la Torre seguirá bajo la sombra de la sospecha.  APLAUSOS PREMATUROS.- Eso de que funcionarios estatales alaben gestiones municipales antes de tiempo, puede resultar contraproducente al final del trienio; sobre todo en Tapachula, donde el que fungió como alcalde (2011-2012) y luego fue candidato a gobernador (2012) aún permanece en la cárcel… A no ser que desde ahora se haya “blindado” la administración de Samuel Chacón Morales.

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