Los conflictos futuros de Chiapas por la defensa del territorio

Integrantes del Modevite acuerdan conformar gobiernos comunitarios. Foto: Cortesía

*Debido a la riqueza de los recursos en el estado, las empresas internacionales han puesto la mirada en el estado para extraerlas, al mismo tiempo, los gobiernos estatales facilitan su introducción, sin tomar en cuenta presencia de poblaciones cercanas y sus consecuencias


Gustavo Castro, integrante de la organización ambientalista Otros Mundos A.C, mencionó que indudablemente en Chiapas, los conflictos por la defensa de la vida y el territorio aumentarán en los años siguientes, ya que desde los pueblos originarios se ha generado una consciencia por la vida.

Además, mencionó que es importante que en los casos donde activistas fueron asesinados como el defensor de Chicomuselo, Mariano Abarca y Berta Cáceres, ambientalista hondureña, se tenga una certidumbre justicia para aquellos que hayan perpetrados los hechos, para que los casos menos visibles también sean investigados.

Cabe señalar, en Chiapas, casi el 20% del territorio está concesionado a la industria minera, existen más de 30 autorizaciones gubernamentales para utilizar el afluente de los ríos en la instalación de mini-hidroeléctricas.

Asimismo, cinco proyectos para construir represas y una licitación abierta para extraer hidrocarburos de 12 pozos; construcción de un gasoducto y  fueron otorgadas facilidades arancelarias para que empresas asienten sus negocios vinculados a la industria extractiva.

Ante esto, el ambientalista indicó que Chiapas es un ejemplo de resistencia, ya que empresas internacionales han llegado a tratar de extraer todo estos nutrientes, sin tomar en cuenta la opinión y consecuencias hacia las comunidades cercanas.

Habitantes de Chicomuselo mantienen consejos de vigilancia para detener la minería. Foto: Chiapas Paralelo

Sobre esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación e indicó que las empresas que emprenden proyectos extractivos, de explotación y desarrollo en comunidades indígenas deben respetar los usos y costumbres de éstas, así como garantizar que quienes participen en ellas lo hagan de forma libre, informada e incluso con la participación de intérpretes.

Aunque en la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 2011 establece la obligación de todos los servidores públicos de respetar, proteger y garantizar los derechos de todos los habitantes del país.

“La afectación al agua, la contaminación en milpas, del aire, destrucción de vivienda, vulneración de los derecho humanos, impactos a la salud son algunas de las consecuencias de los proyectos extractivos” comentó Castro.

El ambientalista afirmó que aumentarán la conflictividad, ya que aún existe población chiapaneca que aún no se ha dado cuenta de las consecuencias de tener un megaproyecto minero, de represa, gasoducto o petrolero cercano a sus hogares o parcelas.

“La bodega”

Sobre el tema, Antonino García, doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Chapingo, afirmó es esta riqueza en recursos que tiene Chiapas, lo que la ha convertido en la bodega de extracción de para México y otros países que mantienen proyectos extractivos de minerales, hidrocarburos y de agua.

El investigador afirmó que se denomina extractivismo a la actividad que una empresa ajena a la zona realiza para apropiarse de los recursos, los extraen, transporta y comercializan, sin que exista un consentimiento o beneficio a las poblaciones.

El extractivismo mantiene una presencia importante dentro del Estado, García detalló que que la Secretaria de Economía tiene concesionadas 140 minas a cielo abierto en el estado, lo que se traduce en 1,121,000 hectáreas del territorio y más 510 mil en la zona norte concesionadas para búsqueda y extracción de hidrocarburos.

Habitantes del Soconusco se organizaron para impedir que sus territorios sean afectados por la industria minera. Foto: Cortesía

 

Municipios en resistencia

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Víctimas

Al mismo tiempo, el ambientalista quien salvará su vida el pasado 2 de marzo de 2016, cuando un grupo armado entró a una vivienda en Honduras, en la cual se encontraba él y su compañera Berta Cáceres quien fue asesinada en una de las habitaciones, comentó que es prioritario seguir con la exigencia de justicia para los defensores del medio ambiente.

Ante este hecho, organizaciones internacionales han exigido un juicio que vincule el asesinato de Cáceres a la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA), constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, Honduras a la cual ella y el pueblo indígena Lenca en Honduras se resistían.

El defensor mexicano dijo que el proceso de juicio se ha llevado con ilegalidad, ya que en noviembre pasado, el Tribunal de Honduras convocó a juicio, sin tener testigos ni haber hecho peritaje y sin respetar los amparos. En este juicio, también se condenaron 7 de los 8 imputados por el homicidio culposo hacia Cáceres y la tentativa hacia Castro.

Pese a que los 7 imputados permanecen detenidos, las organizaciones exigen vincular a David Castillo, presidente de la mesa directiva de DESA, ya que él podría ser el asesino intelectual de Cáceres.

“Días antes Castillo se reunió con la familia Tala, una de las más ricas de Honduras, quienes se les imputa haber organizado el asesinato (…) Hasta hoy no se ha iniciado audiencias, ya que esto involucra a jueces, militares y ministerios públicos que se encuentran inmersos” comentó.

Por último, Castro indicó que seguirán en la petición de exigir justicia por la muerte de Mariano Abarca y Berta Cáceres, ya que son casos que ejemplifican la impunidad y corrupción que exigen la operatividad de las empresas extractivas.

 

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