Títulos académicos y vida política

La España actual, un convulso país en lo político seguramente debido a una transición hacia la democracia deficiente, por no utilizar otro adjetivo, está inmersa en un debate público           – uno más- debido a dudosos títulos académicos que sus políticos incluyen en su curriculum vitae; unos supuestos méritos que han estallado en sus manos a través de la prensa y de la confrontación entre partidos políticos dispuestos a atribuirse las peores prácticas de corrupción y donde se involucra a universidades públicas y privadas.

En México todavía esta práctica no ha explotado, aunque a lo mejor no tarda mucho en ocurrir porque existen innumerables antecedentes profesionales y académicos inflados y no necesariamente tal práctica es atribuible solamente a funcionarios públicos. Incluso conocidas falsificaciones de datos ni siquiera se toman en cuenta y se consideran lo que son, auténticas mentiras.

Dimitir de cargos públicos debe ser una práctica común, sea cual sea el motivo, sin embargo rara vez ocurre. A pesar de ello existen casos donde lo obvio se convierte en un juego perverso, y ese parece ser lo ocurrido con los títulos de los políticos españoles obsesionados por demostrar que son Maestros o Doctores, eso sí, sin una nítida dedicación para obtenerlos y con simulados trabajos o impensables convalidaciones de asignaturas entre estudios de licenciatura y maestría. Esas triquiñuelas demuestran hasta qué punto el poder político se entremezcla con las prebendas e intereses diversos para la obtención de beneficios. Unos buscan títulos que no trabajaron para conseguirlos y otros esperan futuras recompensas en la administración pública.

Seguramente la universidad más involucrada en tales malas prácticas es la Universidad Rey Juan Carlos, una institución pública de la Comunidad Autonómica de Madrid creada en 1996 y con distintos campus en localidades de tal comunidad. Esta institución académica fue encabezada por Pedro González-Trevijano entre 2002 y 2013, momento donde algunos políticos obtuvieron los grados académicos que ahora se encuentran en entredicho. El Rector González-Trevijano hoy es miembro del Tribunal Constitucional español, uno de los puestos más deseados y prestigiosos de la judicatura hispana.

Pintura: Óscar Rico

Los políticos españoles han optado, o más bien necesitan, los reconocimientos académicos para certificarse como reales representantes del pueblo. Dignos políticos por contar con unos conocimientos que, contrariando a ciertos históricos antecesores, desean legitimarse a través de titulaciones académicas inexistentes o “regaladas”. Ser especialista en un tema, un brillante poseedor de conocimientos, no significa ostentar la condición de buen servidor público. Esa circunstancia viene dada por muchos otros condicionantes. No cabe duda que ser docto en una temática ayuda a proponer y ejecutar acciones, pero tampoco asegura esa capacidad sino existe un real compromiso personal y con la sociedad a la que se desea servir. En ese sentido la falsedad de datos, de competencias, y más cuando se convierte en un hecho generalizado habla de la imposibilidad de esa deseada legitimación por sus propias aptitudes.

En México esos problemas se han producido en el medio académico y, todavía, no parecen salpicar al medio político. Veremos qué ocurre en los próximos años, sin embargo lo que parece claro es que estamos en una situación donde el oficio de representante público se está deteriorando con una celeridad tan visible como se demuestra en el caso español.

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