Por Andy Lemoine/Los hechos, tanto del 30 de junio en Tlatlaya como del 26 de septiembre en Iguala, son de dominio público: órganos del estado asesinaron a población civil y en el último caso los desaparecieron. En el mismo sentido, las consignas no podrían ser más homogéneas: en el primer caso se exige el castigo a los miembros del ejército que realizaron los asesinatos, mientras que en el segundo se clama justicia y la aparición de los 43 normalistas desaparecidos. ¿Cómo explicarnos tanto los hechos mismos como el estallido de indignación generado por éstos?