Sociedad Civil, contrapeso para nueva Ley de Derechos de niñas, niños y adolescentes de Chiapas

Un niño bolero espera junto a la catedral de San Cristóbal de las Casas.
Foto: Elizabeth Ruiz

Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con niñas, niños y adolescentes de Chiapas, dieron a conocer el diagnóstico de este sector, a fin de que la nueva Ley de Derechos de niñas, niños y adolescentes de Chiapas -que deberá estar lista antes del 6 de junio-, sea efectiva en crearles mejores condiciones de desarrollo.

En el análisis que realizaron Angélica Evangelista, del Colegio de la Frontera Sur; Jennifer Haza Gutiérrez, de Melel Xojobal; Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Kathia Loyzaga, Oficial de Enlace de UNICEF en Chiapas; y Nicté Nandayapa Ferrer, representante de la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas; entre otras y otros.

Las organizaciones concluyeron que con pocos avances y retrocesos, Chiapas aún ocupa los últimos lugares en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellas y aquellos en condiciones de vulnerabilidad, se mantienen en la exclusión social.

En la reunión Jennifer Haza explicó que hay cuestiones elementales como el acceso al agua lo cual afecta directamente a la salud, “pero también al acceso a la educación -especialmente en las niñas-, a la reducción relativa de la mortalidad infantil pese a que las causas son prevenibles, la alta prevalencia de desnutrición crónica y a la tasa de analfabetismo (las cuales son las más altas del país), la inasistencia y deserción escolar (muy por arriba del promedio nacional)”.

Explicó que se ha incrementado en un 6% el porcentaje de adolescentes que trabajan sin ninguna remuneración, o lo hacen sin contrato, sin prestaciones, y que además lo hacen muchas veces en condiciones de explotación.

Otro aspecto es el aumento en la tasa de maternidad en niñas y adolescentes, la cual se mantiene entre las más altas del país.

Explicó que estos datos hablan de las acciones pendientes, de los retrocesos y los puntos en los que hay que trabajar con mayor coordinación entre todos los niveles de gobierno, con presupuestos acordes a la realidad, dentro de un marco normativo que garantice efectivamente el cumplimiento de todos los derechos.

“Soñamos que por fin respetados”

En la reunión estuvo Cinthia Jaquelín Velasco Cruz, adolescente de origen tzeltal, externó una preocupación bien fundada sobre la baja calidad de la educación pública, las modalidades escolares sin pertinencia cultural, y de la ausencia de medidas que garanticen la seguridad de las y los estudiantes al interior de los planteles.

Destacó la violencia hacia las niñas y adolescentes en diferentes espacios y ámbitos, como consecuencia de la discriminación por género, su naturalización y la dificultad para denunciarla, así como en las condiciones de explotación que enfrentan muchas niñas, niños y adolescentes chiapanecos, quienes se ven en la necesidad de trabajar. “Soñamos con que esto cambie, y seamos por fin respetados”, sostuvo.

Sociedad Civil, contrapeso en la sociedad

Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), ahondó en los retos frente a la nueva Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ponderó la creación de mecanismos de coordinación para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en los que sus derechos toman tal relevancia que es un asunto de ciudadanía y gobernabilidad democrática.

La participación de la sociedad civil, con sus saberes y experiencias en el trabajo directo con infancia y su valoración crítica, será un contrapeso clave condiciones en la armonización de la ley estatal. Esa paridad de condiciones será, junto con la asignación efectiva y suficiente de presupuestos y la voluntad política, aspectos fundamentales para lograr que la Ley General y sus Sistemas de Protección funcionen óptimamente.

En su intervención, Kathia Loyzaga, Oficial de Enlace de UNICEF en Chiapas, explicó que aunque la infancia tendría que ser un tema prioritario en la agenda pública, esto es aceptado comúnmente sólo en el discurso y se encuentran resistencias habituales para la que los gobiernos inviertan en la infancia.

Actualmente sólo se asigna anualmente el 6% del Producto Interno Bruto del país a los programas dirigidos a la infancia.