Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra exige la liberación de cuatro servidores de la Iglesia presos en Chiapas
En su tercer aniversario, la organización con sede en Rayón pidió también la suspensión de la carretera Palenque–San Cristóbal.
En su tercer aniversario, la organización con sede en Rayón pidió también la suspensión de la carretera Palenque–San Cristóbal.
Familias de personas desaparecidas se movilizaron este 30 de agosto en Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Yajalón. Denuncian que las diferencias entre colectivas son alentadas desde las instituciones, que hay favoritismo en el trato y que las desapariciones se investigan “carpeta por carpeta”, sin tocar el fondo. Chiapas registra cifras oficiales de 1,982 personas desaparecidas, datos de organizaciones hablan de más de 3 mil en cuatro años.
Este 19 de agosto se cumplieron dos años desde que hombres armados se llevaron a cuatro menores de edad del municipio de Arriaga, Chiapas. Hoy, como hace dos años, sus madres insisten: “Ellos no son una estadística, son nuestros hijos y los seguimos buscando”. Pero las cifras también dicen algo: Chiapas ocupa el cuarto lugar nacional en desaparición de niñas, niños y adolescentes.
Expertos ubican regiones donde la delincuencia organizada tiene el control y la población está en un clima de miedo, silencio y control.
Una medición de tierras impugnada, la negativa a reconocer derechos comunales y el desplazamiento provocado por la construcción de una hidroeléctrica enfrentaron, hace seis décadas, a dos grupos campesinos tsotsiles de Venustiano Carranza, Chiapas. El conflicto ha dejado decenas de muertos y hoy, en 2026, la salida es dividir las tierras comunales y construir la reconciliación. «Todos somos hijos, hermanos, parientes», dice una anciana que creció en medio del conflicto y hoy desea un futuro distinto para sus nietos.
Un grupo de excombatientes y fundadores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) habló públicamente por primera vez. Siguen enarbolando sus principios y lucha, pero, piden al Estado mexicano su reconocimiento como excombatientes, una demanda que los coloca fuera del camino zapatista de no pedirle nada al gobierno.
José Alfredo Jiménez Pérez, de la organización pacifista Las Abejas de Acteal, lleva desde el viernes en la cárcel comunitaria de Centro Nuevo Yibeljoj, Chenalhó, tras participar en la reconexión del servicio eléctrico que autoridades comunitarias cortaron desde junio al diácono Sebastián Jiménez Sántiz, de 82 años. Tras un día completo de diálogo con la mediación del ayuntamiento y el Frayba, la comunidad condicionó su libertad al pago de una multa de 50 mil pesos: veinticinco veces la sanción original que detonó el conflicto.
Acusan de imponer la obra sin consulta libre e informada, destruir manantiales y lugares sagrados, y fragmentar la vida comunitaria. Esta obra solo beneficia al turismo y el sector empresarial, dijeron» La Tierra no debe ser un negocio».
Audios enviados esta semana por WhatsApp a agentes municipales, comisariados y «líderes de organizaciones» ordenan bloquear la carretera de El Regadillo ante la presencia Pakales, y subir a Chicomuselo a exigir la liberación de «gente de la empresa» detenida. Las órdenes, giradas presuntamente por el líder estatal de un Cártel, confirman que el mecanismo de sometimiento que los grupos del crimen organizado impusieron en la Sierra desde 2021 -y que el gobierno dio por terminado en diciembre de 2024- sigue operando y sometiendo a la población en la sierra de Chiapas. «De parte del señor del Güero Pulsera, pide […]